La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dé por terminadas las pesquisas sobre los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para el BBVA y dirija la causa contra la entidad como persona jurídica investigada en los delitos de revelación de secretos y cohecho por los que también propone encaminar a juicio al expresidente Francisco González y una batería de directivos. y exdirectivos.
La petición, adelantada por Bloomberg y confirmada en fuentes jurídicas por ABC, llega unos meses tarde respecto de la previsión inicial, que era haber finalizado la investigación de esta parte del caso Villarejo, la pieza separada número 9, a finales del año pasado. Sin embargo, el reconocimiento del derecho de las acusaciones particulares a realizar sus propias pruebas periciales sobre determinada documentación aportada por el forensic de la entidad han dilatado el cierre de la instrucción, iniciada en 2019.
Ahora, el fiscal de Anticorrupción Alejandro Cabaleiro expone al juez que agotadas todas las diligencias a realizar y después de cuatro años de instrucción, se han recabado suficientes indicios delictivos como para continuar el procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento en las causas con sumario, contra la entidad financiera como persona jurídica y la decisión llega en plena OPA hostil del BBVA respecto del Banco Sabadell.
A lo largo de la investigación, han resultado señalados más de una decena de cargos y excargos de la entidad financiera, empezando por el que era su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, presunto interlocutor de Villarejo en los encargos que habría realizado para el banco, pero también altos cargos como el ex CEO Ángel Cano.
Estos abarcan un periodo de más de una década y una facturación por encima de los 10 millones de euros, lo que convirtieron a la entidad financiera en la principal fuente de ingresos del conglomerado del comisario, el Grupo Cenyt. La causa se sigue por ilícitos de descubrimiento y revelación de secretos, como también de cohecho y falsedad documental.
Esos encargos fueron variopintos, desde la interposición de una denuncia contra Luis Pineda, presidente de Ausbanc, que a la postre desencadenaría la causa por la que fue condenado en la Audiencia Nacional y absuelto después en el Supremo, hasta un presunto espionaje al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ante una maniobra empresarial que suponía un desafío para el banco.
Ahora, presentada la petición del fiscal de seguir con los trámites del procedimiento abreviado, el juez habrá de tomar una decisión, que podría diferir de su postura en función de la valoración que haga de los indicios recopilados hasta el momento.
Ampliación de capital para la opa
Todo ocurre cuando el BBVA quiere acelerar en el proceso de opa hostil para absorber el Sabadell. La entidad de origen vasco tiene ya convocada la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que propondrá la ampliación de capital que necesita para llevar a cabo el canje de acciones con el banco catalán. Lo hace con la firme oposición del Ministerio de Economía, cuyo titular, Carlos Cuerpo, volvió a reiterar esta semana su rechazo a la operación.
«Nuestra posición es muy clara, hemos reflejado el rechazo a esta operación no solo en función de la forma o el instrumento concreto, sino también del fondo. Ese fondo nos preocupa sobre todo por el potencial impacto en términos de incremento de la concentración y de reducción de la competencia y el efecto que esto tiene en términos por supuesto de las condiciones para los clientes, pero también en otro tema muy importante como la inclusión financiera, más allá del elemento de cohesión territorial que es otra de las grandes preocupaciones», dijo el ministro.
El proceso, en cualquier caso, puede demorarse varios meses e incluso concluir el año que viene. El banco vasco habla de un periodo de tiempo de entre seis y ocho meses, mientras que el Sabadell apunta a que podría producirse en 2025.