Pagos duplicados, pagos por obras no realizadas y pagos por maquinarias no utilizadas son las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según la tercera entrega de las auditorías realizadas sobre el uso de recursos federales en 2021. El monto por probable daño al erario público en el nuevo aeropuerto asciende a 37.6 millones de pesos mexicanos.
De acuerdo con lo revisado por el organismo de inspección a nivel nacional, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo de la construcción de diferentes partes del nuevo aeropuerto cometieron irregularidades con dinero público en las obras de la torre de control y las edificaciones. oficinas administrativas, la terminal de pasajeros y la terminal de carga y aduanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó la construcción de este aeropuerto, uno de los proyectos más importantes para su Gobierno, al Ejército Mexicano, que dividió las obras en frentes. El mandatario ordenó que se instale en Zumpango, Estado de México, luego de que cancelara la construcción de otro aeródromo, el Aeropuerto Internacional de Nuevo México (NAIM), obra de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) porque, De lo contrario, según López Obrador, había mucha corrupción.
En una auditoría previa a los recursos federales en 2020, la Auditoría Superior de la Federación explicó que cada frente de la construcción del aeropuerto estaba encabezado por un ingeniero militar, un total de 23 militares para 43 frentes, a los que la Secretaría de Hacienda les abrió cuentas bancarias. que podían controlar bajo una figura llamada “comisionado habilitado”. En esa revisión, la ASF encontró irregularidades por 39.000 millones de pesos, en su mayoría pagos que los ingenieros militares no verificaron ante la Sedena. En total, el gobierno mexicano invirtió 75.000 millones de pesos en la construcción del aeropuerto, que aún no ha logrado tener la cantidad de vuelos que anticiparon las autoridades federales.
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación publicadas este lunes detallan que en la construcción de la terminal de pasajeros, es decir, el llamado frente 7, se realizó un pago de 19 millones de pesos para aplicar pintura intumescente, utilizada como protección contra incendios. sin que los militares hayan presentado pruebas de que se colocaron 3,7 millones de kilogramos de acero en varias áreas de la estructura. También encontró otro contrato en el que se pagaban 732.000 pesos por más pintura de este estilo que al final se decidió no aplicar al acero estructural de algunos módulos de la terminal de pasajeros.
En un repaso a las obras de la terminal de carga y aduana del aeropuerto, frente número 37, la ASF también destaca el pago de 10,6 millones de pesos por pagos de alquiler de maquinaria en cuatro contratos diferentes. El ente supervisor señala que si bien se estableció que las máquinas serían utilizadas del 9 al 29 de abril de 2021, el inicio de la construcción de dicha terminal fue el 30 de abril de ese año.
Finalmente, en el frente 5, dedicado a las obras de la torre de control y los edificios administrativos del aeropuerto, la Auditoría informó que se realizó un pago de tres millones de pesos por la aplicación de pintura contra incendios a la misma persona en la que un año antes ya le habían pagado por el mismo concepto. También encontró otro probable daño al fisco por 3.7 millones de pesos por un contrato que fue cancelado anticipadamente.
A partir de la publicación de las auditorías, los militares a cargo de las obras indicadas por la ASF tendrán 30 días hábiles para resolver las observaciones del órgano de control. A pesar de que los recursos para la construcción del aeropuerto fueron entregados a través de cuentas bancarias a los ingenieros militares, el Ministerio de la Defensa Nacional se ha negado a transparentar sus declaraciones patrimoniales, argumentando que representa un riesgo para la seguridad nacional. . En agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia suspendió una orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que instruía a la Secretaría de la Función Pública a divulgar las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares a cargo de las obras del AIFA. El recurso que mantiene en opacidad los datos patrimoniales de los militares fue promovido ante la Corte por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Estos mismos ingenieros militares están ahora a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, a pocos kilómetros de Tulum, en el Estado de Quintana Roo.
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