La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, designó a César Jáuregui Moreno, político del PAN con quien ha trabajado estrechamente durante la última década, como fiscal general del estado. El nuevo defensor estatal fue acusado de corrupción por la Fiscalía por presuntamente haber recibido sobornos en el gobierno priista de César Duarte entre 2014 y 2015, cuando Jáuregui era jefe de los diputados del PAN en el Congreso local. Jáuregui se ha convertido ahora en el jefe de la institución que lo investigaba y ha asumido el control de las carpetas de investigación que dejó abiertas la Administración de Javier Corral, antecesor de Campos en el Ejecutivo estatal, incluida aquella en la que fue parte acusada. EL PAÍS ha coincidido con el comunicado ministerial de hace tres años en el que el actual Fiscal General admitía las acusaciones y detallaba el cobro de coimas durante la duartismo. El funcionario no respondió a un pedido de establecimiento de posición que le envió este diario a través de una vocera del Gobierno de Chihuahua.
Jáuregui estuvo al frente de Campos durante el período de pago. Él fue coordinador y ella vicecoordinadora de la bancada del PAN entre 2013 y 2016. Ambos fueron acusados por la Fiscalía de beneficiarse de los sobornos de Duarte, pero solo Campos fue llevado ante un juez en 2021 porque los recibos de pago presentados como prueba estaban firmados. exclusivamente para ella. La Fiscalía señaló que los dos panistas recaudaron alrededor de 10 millones de pesos en efectivo en las oficinas de la Secretaría de Hacienda de Duarte. Jáuregui dijo en su comunicado ministerial que le pidió a Campos que fuera personalmente a cobrar el dinero mes tras mes durante dos años, aunque aseguró que no se trataba de sobornos, sino de “apoyos” del gobierno estatal para cumplir con sus tareas legislativas. .
“Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del grupo parlamentario, que me apoyara tanto en labores de apoyo social como en representación de la coordinación a mi cargo, con el fin de facilitar la recepción de los recursos que debe tener el Ejecutivo del Estado. entregado a través de la autoridad fiscal de referencia”, dijo Jáuregui a la Fiscalía. “La entrega de dicho recurso por parte del Poder Ejecutivo fue sistemática, mensual y periódica. […]. Cada vez que la señora Campos Galván acudía al Ministerio de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, tenía que firmar el recibo de entrega que se requería para la recepción del efectivo”.
Jáuregui afirmó que todos los grupos parlamentarios, no solo el PAN, recibieron dinero del gobierno de Duarte. “La forma y términos en que se dispuso la dotación de cada uno de estos apoyos varió de manera discrecional por parte del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con las políticas que el Ministerio de Hacienda, en lo interno, tenía para la gestión de este tipo de ministraciones”, dicho. Una vez que su bancada recibió los recursos, agregó, estos fueron destinados a “proyectos y planes de avance” relacionados con el fortalecimiento de la democracia, por lo que los cargos, dijo, fueron “absolutamente legales y conformes a derecho”.
Los frentes abiertos por la Fiscalía
Durante la Administración de Corral, la Fiscalía de Chihuahua abrió una carpeta de investigación para investigar la entrega de sobornos en el Gobierno de Duarte. La investigación se denominó nómina secreta. La Fiscalía determinó que de la “caja chica” del Ministerio de Hacienda se pagaron 1.000 millones de pesos en coimas en efectivo a políticos de todos los partidos, empresarios y periodistas. Según la acusación, el pago a los legisladores tenía como objetivo comprar su voto en el Congreso para aprobar iniciativas en interés del Gobierno y la contratación de deuda pública. El dinero fue desviado de las partidas presupuestarias destinadas a pagar la nómina de funcionarios estatales; fue depositado en una empresa de transferencia de valores, que lo transformó en líquido y lo llevó a las oficinas del Tesoro Público, donde fue resguardado y administrado para el pago de coimas, según la acusación de la fiscalía.
Jáuregui Moreno accedió a prestar su declaración el 29 de abril de 2019 tras invocar el “criterio de oportunidad”, un recurso legal que permite a los imputados colaborar con las autoridades y reparar el daño a cambio de beneficios en el proceso abierto en su contra. Para esa fecha, Jáuregui ya era Secretario de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. Maru Campos era la alcaldesa. Quien fuera su jefe en el Congreso local se había convertido en su mano derecha incondicional. Cuando el panista ganó las elecciones de 2021 y asumió la jefatura del Ejecutivo estatal, nombró a Jáuregui, nuevamente, secretario de Gobierno. El pasado lunes lo hizo fiscal del Estado, en sustitución de Roberto Fierro.
El fiscal anticorrupción que estuvo a cargo de la investigación del nómina secreta Contra Jáuregui y Campos fue Francisco González Arredondo. En noviembre pasado, la Fiscalía de Campos detuvo a González Arredondo, acusándolo de haber torturado psicológicamente a los cómplices de Duarte. Ahora, como fiscal general, Jáuregui se hará cargo del expediente en el que él mismo fue denunciado por corrupción y tendrá en sus manos al exfiscal que lo acusó. Y no solo eso. También tendrá en sus manos la carpeta de investigación por la que Duarte se encuentra en el penal estatal Aquiles Serdán, a la espera de que la Fiscalía concluya la acusación en su contra. Asimismo, tendrá a su cargo la investigación de la Operación Zafiroun mecanismo de corrupción a través del cual se desviaron 250 millones de pesos de Chihuahua para financiar campañas electorales del PRI.
“La designación de César Jáuregui Moreno como Fiscal General del Estado es el mayor acto de cinismo político del actual gobernador; Es la entronización de César Duarte en el control total de la Fiscalía, como lo logró en el Poder Judicial”, dice en entrevista el exgobernador Corral. “En la lucha contra la corrupción habrá impunidad absoluta. ¿O el fiscal se va a castigar a sí mismo? Llega a ese lugar para garantizar la impunidad de Duarte y todos sus cómplices y mercenarios políticos. Con todos los instrumentos tecnológicos, materiales y los recursos humanos y económicos con que cuenta la Fiscalía General del Estado, se cierne sobre Chihuahua una de las amenazas más delicadas a su vida política y social en las últimas décadas”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está consciente de que en Chihuahua existe una cacería contra exfuncionarios que se atrevieron a investigar la corrupción de la duartismo. También ha señalado que, aunque el exgobernador priísta tiene el camino despejado en el Estado, a nivel federal hay investigaciones abiertas en su contra y que aún tendrá que enfrentar la justicia pendiente.
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