El Ejército Mexicano espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el malware Pegasus en el marco de una investigación sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos militares en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la que el activista se desempeñó como representante de los familiares de algunas de las víctimas, según una investigación de la organización R3D y un grupo de periodistas mexicanos. La intervención ilegal de los comunicados de Ramos tuvo como objetivo brindar información a la Policía Militar Ministerial para desacreditar al defensor, acusándolo, sin pruebas, de tener vínculos con el Cártel del Noreste. La investigación de R3D revela dos puntos cruciales: que el Ejército cuenta con un área de inteligencia especializada en el uso de Pegasus y que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, tenía conocimiento del uso del programa. espía contra Ramos.
El 3 de julio de 2020, el Ejército reportó un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios del Cártel del Noreste, organización criminal surgida tras una escisión de Los Zetas. La Sedena informó en un comunicado que “fueron reducidos 12 agresores”, además de que se incautaron armas largas y vehículos. No hubo bajas en el lado del Ejército. Días después del enfrentamiento, familiares de tres de los hombres “reducidos” por los militares contactaron a Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo AC. El activista recibió información de que los tres habían sido víctimas de desaparición días antes del enfrentamiento. Se trataba de Damián Genovés Tercero, un migrante chiapaneco de 18 años; Ángel Núñez, mecánico de 27 años, y Arturo Garza, estudiante de ingeniería de 19 años. “Los testimonios de los familiares de las víctimas pusieron en entredicho la versión oficial del Ejército”, dice R3D, Red por la Defensa de los Derechos Digitales.
El 24 de agosto, el diario el universal filtró un video grabado con la cámara corporal de un soldado que participó en el “enfrentamiento”. Las imágenes mostraban el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército y la ejecución extrajudicial de al menos una persona. “Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó en su conferencia matutina que se investigue el caso. La respuesta del Ejército fue espiar ilegalmente a Raymundo Ramos”, agrega R3D.
La organización ha presentado este día documentos internos de la Sedena -obtenidos como parte de la filtración de Guacamaya- que muestran las evidencias de espionaje cuando ya estaba en marcha la investigación, que según la jurisdicción militar encabezaba el propio Ejército. Una carta confidencial dirigida a “la Superioridad” (General Sandoval) detalla los contactos que Ramos tuvo entre el 14 y el 26 de agosto con varias personas, varios periodistas, para compartir información sobre el caso, a partir de las denuncias del padre de Damián Genovés por la desaparición. y muerte de su hijo a las declaraciones ministeriales de los elementos militares que participaron en los hechos. Al final del informe de inteligencia, en el que se mencionaba con insistencia que Ramos tenía nexos con el Cártel del Noreste, se apuntó esta recomendación al Secretario de la Defensa: “Que este producto de inteligencia sea entregado de manera confidencial a la Policía Militar Ministerial para que sirva como prueba”. para su investigación, sin ser añadido a la carpeta de investigación.”
“Esto revela la verdadera intención de este espionaje, que es tratar de interferir en las investigaciones sobre los abusos cometidos el 3 de julio de 2020 que el presidente había ordenado que sucedieran. En lugar de investigar a los militares involucrados en los abusos ocurridos el 3 de julio, el aparato castrense se centró en espiar, estigmatizar y tratar de interferir en la verdad y justicia de ese caso, dirigiendo su inteligencia hacia Raymundo Ramos”, señala este informe. Martes Luis Fernando García, director de R3D, en rueda de prensa.
El informe de espionaje enviado a Sandoval fue elaborado el 2 de septiembre de 2020 por “una estructura militar secreta” denominada Centro de Inteligencia Militar (CMI), que tiene entre sus objetivos proporcionar al Subjefe de Inteligencia del Estado Mayor General “productos de inteligencia que se generan a partir de la información obtenida en medios cerrados”, “es decir —dice R3D—, mediante la intervención de las comunicaciones privadas”.
La ONG ha sumado a su investigación un informe forense del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, EE. UU., que confirmó que el teléfono de Ramos fue “atacado e infectado con el software espía Pegasus” entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre, prácticamente en el mismo periodo en el que el Ejército informaba de sus intercambios con periodistas —entre ellos un colaborador de EL PAÍS—. El informe de Citizen Lab corroboró una primera alerta enviada por Apple a Ramos en la que advertía que su teléfono podría haber sido blanco de ataques “patrocinados por el estado”. “Es probable que los atacantes te ataquen por quién eres o por lo que haces”, decía la alerta de la firma al activista.
“El espionaje que lleva a cabo el Centro de Inteligencia Militar es absolutamente ilegal ya que el Ejército carece de facultades legales para intervenir en las comunicaciones privadas de civiles”, señala la publicación R3D. “Aunque las Fuerzas Armadas tuvieran tales facultades, la Constitución exige que cualquier intervención en las comunicaciones privadas cuente con autorización judicial federal previa”.
Raymundo Ramos ha condenado el espionaje del que ha sido objeto y ha advertido que pone en peligro a él, a su familia y a las personas con las que ha intercambiado información. “No solo me afectan a mí, sino que ponen en riesgo a las víctimas que confían en nosotros, que nos comparten información, que denuncian sus casos y que esperan de nosotros ayuda para que se haga justicia en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, violaciones , tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos”, dijo en la conferencia de prensa. “Pone en riesgo a mis colaboradores, a mi familia, a mis fuentes de información, porque este espionaje no tiene límites, tienen recursos ilimitados para llevarlo a cabo. […] Eso nos da un temor fundado, porque no sabemos qué sigue. Si ya nos espiaron, si ya crearon una carpeta de investigación en los militares, ¿qué sigue? ¿Un ataque, una desaparición? No sabemos”.
El general Sandoval se enteró
Existen pocos datos sobre cómo opera el CMI del Ejército. Gracias a la filtración masiva de Guacamaya, documentación interna describe que su misión es “operar el Sistema de Inteligencia Militar para obtener y procesar información sensible sobre temas de interés del Alto Mando”, nombre en clave para referirse al jefe del Sedena. El CMI, consciente de que su funcionamiento está en la sombra, identifica como una “amenaza” el hecho de que “las actividades que se desarrollan en este Centro sean reveladas a la opinión pública”.
R3D ha identificado quiénes son los mandos militares que participaron en la elaboración y revisión de la ficha informativa del 2 de septiembre de 2020 que denuncia el espionaje ilegal de Ramos: Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Conrado Bruno Pérez Esparza, subjefe de Inteligencia del Estado Mayor, así como el director, subdirector de análisis y líder del grupo CMI, cuyos nombres fueron omitidos intencionalmente por la ONG por razones de seguridad.
Otro documento revelado por Guacamaya y en poder de la organización indica que el 2 de septiembre, a las ocho de la noche, el secretario Sandoval se reunió en su oficina con el jefe del Estado Mayor General, el subjefe de Inteligencia, el titular de la Sedena Jurídica. de Asuntos Exteriores y el comandante de la Policía Militar Ministerial —el mismo que investigaba a los militares que participaron en el “enfrentamiento”—. El tema a tratar en esa reunión, según el documento interno, fue: “Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
“No me imaginaba que era el Secretario General de Defensa quien estaba al tanto de estos hechos. Por un momento pensé que se trataba de operaciones que involucraban a comandantes territoriales, pero con esta investigación que hoy se presenta sabemos que la información ha llegado a los más altos niveles del Ministerio de Defensa, y no sólo se les ha dado conocimiento, sino , obtuvieron autorización para realizar este espionaje en mi contra”, dijo Ramos. “Hago responsable al Ejército Mexicano, al Secretario General, de lo que nos pueda pasar a partir de este día, teniendo en cuenta que no tienen a quién rendirle cuentas, que no tienen límites y que tienen todos los recursos para hacer con nosotros lo que quieran”. ellos quieren”.
En 2017, aún durante el gobierno priísta de Enrique Peña Nieta, se supo que organismos de seguridad mexicanos habían contratado a los malware Pegasus, comercializada por la firma israelí NSO Group a través de filiales mexicanas que actuaban como fachada. La Administración de López Obrador ha asegurado que la software spy ya no se usa con fines de espionaje, pero en octubre de 2022 se reveló que el Ejército había adquirido el programa y lo usaba para monitorear a periodistas y defensores de derechos humanos.
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