El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá en 2024 la difícil tarea de organizar las elecciones más grandes de la historia reciente de México con una fuerza laboral muy reducida. El árbitro estima que el “plan B” de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocará la destitución sin precedentes de casi 6.000 funcionarios de base, un tercio de los recursos humanos con los que cuenta actualmente el instituto, que no sólo dificultará el cumplimiento de sus funciones, pero también representará una enorme carga económica ante los previsibles juicios laborales que emprenderá el personal afectado por los recortes.
“En el instituto se generaría una contingencia laboral nunca antes vista”, dice el INE en un informe sobre los impactos de la reforma oficialista que será presentado este miércoles por la mañana. Lo paradójico, dice el documento, es que el Gobierno no previó el presupuesto necesario para saldar los reclamos de los trabajadores ni para pagar multas por la conclusión anticipada de contratos de arrendamiento de oficinas que ya no se utilizan. “De no autorizarse recursos adicionales, los derechos laborales de los servidores públicos del INE que dejen de laborar por motivos de eliminación de estructuras y cargos se verían gravemente comprometidos, particularmente para cubrir las indemnizaciones correspondientes”, dice el informe.
El “plan B” electoral consta de dos paquetes de reformas legales impulsados por Palacio Nacional. Uno de los paquetes suaviza las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos para hacer propaganda y promover su imagen con recursos públicos. Esta reforma ya fue promulgada por el Ejecutivo, y este lunes el PAN y el PRD presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que los ministros determinen si las modificaciones violan o no la Constitución. El otro paquete, de mayor profundidad, propone fusionar varias áreas del INE, reducir su estructura institucional en los Estados y quitarle facultades de supervisión y sanción a candidatos, y permite a los partidos políticos ahorrar recursos públicos que no se gastan al final de la año fiscal. Estas reformas están pendientes de culminar su trámite legislativo en el Senado, pero se espera que, una vez aprobadas y promulgadas, sean también objeto de controversia en la Corte.
Independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación valide o no el “Plan B”, el INE ha elaborado un informe detallado sobre los impactos negativos que podrían afectar el mandato del instituto de organizar elecciones libres, justas y confiables para los ciudadanos. El documento explica que la compactación estructural y los recortes de personal se dan a tres niveles: a nivel nacional, en las oficinas centrales, que incluyen secretarías, direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE; a nivel estatal, en las 32 juntas ejecutivas locales (una por estado), ya nivel local, en el andamiaje integrado por las 300 juntas ejecutivas distritales.
El árbitro electoral estima que la fusión de cargos en sus órganos centrales implicará el recorte de 413 funcionarios (incluido el secretario ejecutivo), más 358 de las juntas directivas locales y 5.080 de los cargos distritales. El INE advierte que cerca de la mitad del total de trabajadores que serán despedidos pertenecen al Servicio Nacional Electoral Profesional, es decir, ingresaron al instituto a través de un concurso público en el que se evaluaron sus capacidades y méritos, por lo que se trata de personal altamente profesionalizado en la función electoral.
Las personas afectadas por los recortes realizan tareas tan esenciales y diversas como la instalación de las mesas electorales, el cómputo o recuento de los votos, la expedición de la credencial de elector y la actualización del padrón electoral (la lista con los datos personales de casi 100 millones de mexicanos). También se encargan de realizar el registro de las candidaturas a diputados, de verificar que los concesionarios de radio y televisión transmitan los mensajes electorales a que están obligados por ley, y de verificar que las organizaciones que pretendan convertirse en partidos políticos celebren asambleas constitutivas. válido. “La especialización del personal que realiza estas tareas es fundamental para su desarrollo con los estándares de calidad requeridos”, dice el árbitro electoral.
Otro problema detectado por el INE es que todas estas tareas deben seguir siendo realizadas por los restantes funcionarios del instituto, o por trabajadores eventuales que deben ser contratados de manera temporal aunque no tengan experiencia en el ámbito electoral. “Si no se cuenta con un personal profesional permanente como el que tiene hoy el instituto, se pondría en riesgo la efectividad en la organización de elecciones, la capacidad de planificación y presupuesto, de organización logística y operativa, de evaluación de procesos electorales y de mecanismos para la participación ciudadana”, agrega el informe.
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