El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que se impulsó desde Palacio Nacional y aprobó la mayoría oficialista en el Congreso en diciembre. Se trata de una controversia constitucional contra las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El árbitro electoral ha advertido que los cambios legales reducen su autonomía y capacidades para organizar las elecciones de este año —en el que se renovarán las gubernaturas de dos Estados— y 2024, cuando se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes. . También ha señalado que las reformas alientan a los funcionarios del gobierno a utilizar recursos públicos para promover su imagen (actualmente prohibido por la Constitución) y que eso desequilibra la contienda electoral.
“La Constitución es clara al establecer que los servidores públicos deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad del concurso, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin que pueda incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada. posicionarse ante el electorado, ya que la reforma aprobada ignora estas prohibiciones y permite que las autoridades intervengan en la contienda, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ocupan cargos públicos, en clara contravención al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y objetiva del gobierno”, informó el miércoles por la noche el INE.
Con este recurso, el INE se ha sumado al coro de actores que han acudido a los ministros de la Corte Suprema de Justicia buscando que anulen la primera parte del “Plan B”: los legisladores de la alianza Va por México ya han impugnado — formado por el PAN, PRI y PRD— y los dirigentes de sus partidos. Los recursos presentados hasta el momento se han dirigido a las primeras reformas que ya fueron promulgadas por el Ejecutivo. Las reformas restantes a otras cuatro leyes previstas en el “Plan B” aún están pendientes de trámite final en el Senado de la República, lo que se espera que suceda rápidamente este mes. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que impulse el mayor número posible de recursos legales contra los cambios legales.
La recusación presentada por el árbitro electoral ante el máximo tribunal acusa que las reformas del “plan B” fueron aprobadas en el Congreso violando el proceso legislativo; que los legisladores votaron por ellos sin conocerlos y sin discutirlos, y que ambas Cámaras actuaron “en evidente subordinación” a “meros impulsos momentáneos orquestados” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El INE se ha centrado en la modificación legal que indica, ahora, que las “manifestaciones” de los funcionarios “en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas” no pueden ser consideradas propaganda gubernamental. Los partidos de oposición han advertido que con esta reforma se pretende que tanto López Obrador como los cuatro candidatos presidenciales de Morena —todos ellos servidores públicos en ejercicio— puedan utilizar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores. “Las reglas sobre el uso de los recursos públicos y la propaganda electoral, señaladas en el artículo 134 de la Constitución, establecen restricciones a la actividad de los servidores públicos para impedir que el Estado, con sus recursos, que son públicos, cause beneficios o perjuicios indebidos a cualquier partido o candidato para influir en la contienda, generando inequidad”, ha señalado el INE.
El árbitro electoral ha agregado en su recusación que, sobre todo, el “plan B” disminuye las facultades que actualmente tiene el instituto para sancionar a los funcionarios que hagan propaganda ilegal, argumentando que los representantes del Estado tienen tanto derecho a la libre expresión como un ciudadano común. . El INE ha sostenido que, por el contrario, la libertad de expresión es un contrapeso al poder y una herramienta de escrutinio y control de los ciudadanos. “El decreto que se combate desvirtúa un aspecto pilar del régimen democrático y atenta contra la función estatal del instituto, al vulnerar el modelo de comunicación social y generar inequidad en la contienda, bajo el pretexto del ejercicio de la libertad de expresión de los funcionarios públicos , cuando ese derecho fundamental es una limitación al ejercicio del poder frente a la ciudadanía, y no una libertad inherente al ejercicio de un cargo público”, dice el recurso legal.
Es previsible que los ministros del Supremo esperen a que las restantes reformas del “plan B” terminen su tránsito en el Senado para recibir y acumular todas las impugnaciones y votarlas en conjunto. El máximo tribunal está a contrarreloj, ya que las modificaciones a las leyes inciden directamente en los calendarios electorales de este año y de 2024, e implican una profunda reforma institucional del propio INE que implica la eliminación de áreas y recortes masivos de personal capacitado. personal.
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