El INE, la institución autónoma encargada de organizar las elecciones en México, ha impugnado ante la Corte Suprema de Justicia la segunda parte de las reformas electorales que integran el “plan B” que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El árbitro electoral ha pedido a los ministros del máximo tribunal que suspendan la aplicación de las reformas, mientras analizan el fondo de las controversias, para interrumpir sus efectos, “en particular en lo que se refiere a la afectación de los derechos fundamentales de quienes hacen el Instituto Nacional Electoral y los derechos políticos de los ciudadanos.” El INE ha advertido que la implementación del paquete electoral afecta críticamente sus funciones, ya que supondría la destitución de 6.000 funcionarios, casi un tercio de sus recursos humanos, además a limitar sus facultades sancionadoras a los partidos políticos y servidores públicos que hagan campaña fuera de tiempo y utilizando recursos públicos.”El Instituto tiene plena confianza en que el análisis constitucional realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación restablecerá el orden constitucional, al determinando la nulidad de la reforma”, agregó.
Este segundo recurso impugna las modificaciones a cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Previamente, el INE había promovido el 1 de febrero una primera impugnación contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los primeros desafíos estuvieron referidos a la presentación del ministro Alberto Pérez Dayán. Aún no está claro si él mismo acumulará las nuevas polémicas o si se las entregará a otro miembro del Tribunal Supremo.
Las reformas a estas seis leyes conforman el llamado “plan B”, que fue impulsado por López Obrador y su partido, Morena, con el argumento de reducir los costos públicos del sistema electoral. A los ojos de los críticos del gobierno, se trata en realidad de un plan para “desmantelar” el INE y controlar el aparato que organiza las elecciones y emite los resultados de las votaciones, precisamente un año después de las elecciones presidenciales. y mayor legislativo en la historia reciente de México.
“A través de la controversia constitucional, el Instituto defiende no solo su autonomía, sino también el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que violan 25 disposiciones constitucionales”, ha señalado. indicó el INE. “[Por ejemplo] la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE ocasionada por dicha reforma. En dicho recurso se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación de los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de los cargos del Servicio Profesional Electoral.
Con la promulgación del “Plan B”, el 1 de marzo, fue destituido el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien llevaba 14 años en el cargo. Jacobo, mano derecha del presidente del INE, Lorenzo Córdova, impugnó su destitución ante el Tribunal Electoral alegando que su cargo depende enteramente de los asesores del instituto y que no puede ser destituido por decreto. La magistrada electoral Janine Otálora elaboró un proyecto en el que propone la restitución de Jacobo, acusando que el “Plan B”, al menos en lo que respecta al secretario ejecutivo, invade la autonomía constitucional del INE. En respuesta, la Presidencia de la República, a través de su Dirección Jurídica, acusó a la magistrada de favorecer a Jacobo y exigió al Tribunal Electoral que la apartara de votar sobre el asunto.
La polémica del INE también denuncia “graves violaciones” al debido proceso legislativo por parte del Congreso federal que, “en franco fraude a la ley”, impactó la calidad democrática de la reforma. Según el árbitro electoral, el Congreso “dio trámite de urgencia a una iniciativa que por disposición legal no podía serle sometida, no respetó el principio de publicidad y mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todos los políticos”. fuerzas con representación parlamentaria”, es una alusión a la aplanadora integrado por Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido Laborista, que maniobró en ambas Cámaras del Congreso para aprobar en vía rápida el paquete electoral a pesar de las exigencias de la oposición.
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