El negocio de los bienes robados en la Ciudad de México se ha convertido en un botín millonario. Abogados, notarios, políticos, funcionarios y grupos criminales forman parte de una enorme red que se encarga de despojar a las personas de sus casas o terrenos y venderlos a precios más bajos en un mercado negro. Es una estructura bien engrasada que consiste en localizar inmuebles, estudiar a la víctima y luego despojarlos en instancias judiciales a las que acuden con documentación falsificada con la ayuda de funcionarios corruptos. Las redes ilegales, que trascienden distintas administraciones y colores políticos, han dejado sin sus bienes a miles de personas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 2022 se abrieron en la Ciudad de México unas 4,039 carpetas de investigación por el delito de despojo.
Héctor Alonso entra dentro de esas miles de víctimas. Constructor de profesión, el padre de Alonso compró en la década de 1990 un terreno de 9,065 metros cuadrados en el Anillo Periférico de la Ciudad de México, una de las vías más transitadas de la capital y alrededores de la metrópolis. La idea de su padre era construir un hotel de 10 pisos, pero entre la crisis y otros proyectos retrasó la construcción y, en el 2000 cuando se divorció, el terreno con los cimientos para la construcción quedó en manos de la madre de él. año, la mujer puso la propiedad en un fideicomiso para eventualmente continuar con la construcción. No fue hasta una década después, cuando aún no se habían reactivado las obras civiles, que empezaron los problemas.
Junto a la propiedad existe un asentamiento que había sido expropiado y regularizado en los años ochenta. Casi 30 años después, en 2011, un funcionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, decidió incluir en esa expropiación 3.000 metros cuadrados que pertenecían a los Alonso. tierra y vendió esa parte, ilegalmente, a su propia tía.
Alonso, de 66 años, no se enteró hasta que descubrió que en el registro público de la propiedad había supuestamente dos propietarios del mismo terreno. Existían expedientes que determinaban en paralelo que tanto su madre como un tercero, al que no conocía, eran propietarios del mismo terreno, según supo EL PAÍS a través de la sentencia del caso. Alonso asegura que el funcionario que planeó sustraer esa propiedad actuaba en sociedad con notarios y abogados que lo ayudaron a regularizar las ventas falsas ante organismos públicos. “Lo que hacen es ver que tienen terrenos colindantes, y dicen: ‘A ver, vayan al registro público. ¿De quien es? Bueno, mire a una señora que tiene 70 años. Bueno, ella está muy bien, ¿por qué no lo va a desarrollar? Ella no debe tener lana”. Eso los lleva a la conclusión de que será más fácil quitar la propiedad, dice el empresario.
Los ancianos son las víctimas perfectas de las redes que cuidan despojos. Como informó recientemente el diario el universal, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un informe para el Congreso local detallando cómo operan estas redes. Los adultos mayores con un inmueble en el que no residen o al que rara vez visitan representan el grupo más vulnerable a la actuación de estos grupos delictivos, que prestan especial atención a los inmuebles ubicados en zonas de alto poder adquisitivo, que luego serán más fáciles de vender.
Todos estos ingredientes se cumplieron de manera extrema recientemente. El conocido como caso de los hermanos tirado Terminó con tres personas asesinadas en una casona porfiriana de dos pisos en la colonia Roma, una de las más caras de la capital. El móvil del crimen fue precisamente el despojo del inmueble tras la muerte de su propietario, un anciano que había dejado la casa a sus herederos.
Las peleas por las propiedades luego se dirigen a los tribunales, donde las dos partes de la estafa, la víctima y el perpetrador, pasan años tratando de probar a quién pertenece realmente la propiedad. En este camino espinoso, muchas de las víctimas deciden renunciar a su hogar o terreno para evitar el tiempo y el dinero gastados en los tribunales. Otras víctimas han dicho a este diario que quienes pretendían quitarles sus bienes les ofrecieron una tregua a cambio de un precio.
Este último es el caso de Alonso, a quien le pidieron cinco millones de pesos para devolver los 3.000 metros cuadrados que le había robado. “Nosotros no podemos acceder a la extorsión porque así nunca termina. Es decir, como empresarios no podemos meternos en esto, porque para las personas a las que invitamos a invertir, todo debe estar perfectamente claro”, señala el empresario de la construcción.
Unos 12 años después de iniciarse la disputa judicial, Alonso ha podido demostrar ante los tribunales que la tierra pertenece a su familia. El funcionario que se lo había quitado fue sancionado con inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años y multa de 37,9 millones de pesos, según un documento del Órgano Interno de Control Corett al que accedió este diario. Pese a ello, el empresario aún no ha recuperado su terreno, que actualmente se encuentra bajo el resguardo de las autoridades capitalinas.
Firmas falsificadas y contratos ilegales
Otra de las víctimas de las redes de despojo fue María Eugenia Casillas. La mujer vivía en una casa familiar en la colonia Escandón cuando el 6 de octubre de 2017, alrededor de las siete de la mañana, se despertó con ruidos al interior del inmueble. Unos 14 hombres habían entrado en su casa y estaban sacando sus muebles y pertenencias a la calle. Asustada por lo que sucedía, Casillas llamó a su hermano y pidió ayuda a algunos vecinos para sacar a los hombres del lugar, luego decidió por miedo retirarse y quedarse unos días con unos familiares, según la denuncia presentada ante la Fiscalía. Office, a quien tuvo acceso a este periódico.
Cuando Casillas acudió al Ministerio Público para averiguar qué estaba pasando, se enteró de que alguien había presentado a las autoridades un contrato de compraventa de la casa, con su firma en el documento, por lo que el inmueble tenía presuntos nuevos dueños. Pero ella no lo había vendido. “O le falsificaron la firma o la engañaron y le dijeron: ‘Firma aquí’”, dice Roberto Casillas, hermano de María Eugenia. Entonces comenzaron una larga batalla legal para recuperar la propiedad.
La familia Casillas cree que María Eugenia fue identificada como posible víctima de las redes de despojo cuando fue a hacer unos registros. Era una mujer de 87 años que apareció sola y después de ese día comenzaron a espiarla, dicen. “Esa propiedad era de nuestros hermanos”, dice Roberto, “mis padres eran los dueños, ellos fueron los que construyeron esa casa, cuando murieron nos la dejaron a nosotros. Hay un documento que [dice que] éramos legalmente los dueños”.
La Fiscalía confirmó que esa venta había sido fraudulenta, luego acudió al inmueble para desalojar a los supuestos nuevos dueños. Pero la pesadilla no terminó ahí: cuando pudieron esclarecer lo sucedido, la casa ya había sido vendida una vez más por quienes la habían tomado. “Los sinvergüenzas que se llevaron la casa de mi hermana, esos que decían ser los dueños, se la vendieron a una mujer. Ese nombre también apareció en el Registro Público de la Propiedad”, recuerda Roberto. “Lo tenían todo organizado, es una mafia muy bien orquestada”.
Para que se produjera el fraude, como en muchos otros casos, tuvo que contar con la complicidad de notarios, abogados y funcionarios públicos que permitieron que se registrara no una, sino dos ventas irregulares. “En el momento en que se estaban realizando las investigaciones, la casa fue vendida nuevamente. ¿Cómo explicas eso?” dice roberto. Cinco años después, la familia aún no ha podido recuperar la casa por diversas trabas burocráticas, aseguran. “Ya desconfiamos de todos, porque ha pasado tanto tiempo y no nos han devuelto la casa. Ya son cinco años. Y se les ocurren algunos argumentos…”.
Propiedades robadas en venta por catálogo
Al menos dos fuentes contaron a este diario cómo un grupo de empresarios ha montado un negocio de venta de bienes robados que se ofrecen por catálogo. Una mujer guapa y bien vestida llegó a la constructora de Alonso hace unos ocho años con una gran oferta bajo el brazo, recuerda. Le ofreció al empresario adquirir propiedades en zonas donde aún entonces era difícil conseguir lugares libres por la sobreconstrucción, como en la colonia Roma o Polanco. “Empiezo a hacerle preguntas y me dice: ‘Mira, yo no le puedo explicar todo eso, pero si él quiere le ponemos cita para que vengan los abogados a explicárselo”.
Alonso dijo que sí, los precios estaban muy por debajo de lo que costaban las propiedades en ese momento, y a los pocos días se reunió con los graduados, que llegaron bien vestidos, en autos caros conducidos por chóferes y con sus catálogos de venta en la mano. . “Después de cinco preguntas me dijeron: ‘No te vamos a hacer perder el tiempo. Rápidamente le explicamos, son terrenos abandonados, que no se ha pagado el impuesto predial, que la señora murió, que no tenía herederos, los recuperamos, los regularizamos y los vendimos”. El empresario los rechazó, no estaba dispuesto a adquirir terrenos que no estuvieran totalmente aseados, pero reflexiona: “Es una industria, para que toda esa gente pueda vivir de esa manera. ¿Cómo es posible que sigan girando hacia el otro lado? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién paga todo ese dinero?
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