La salud de Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción que ha sido encarcelado por el Gobierno de Chihuahua, un estado del norte de México, se ha deteriorado tras cumplir dos meses en el penal Aquiles Serdán. González Arredondo, quien estuvo a cargo de investigar los hechos de corrupción cometidos durante el gobierno priísta de César Duarte, ha sido acusado por la actual Administración del Estado de haber torturado psicológicamente a los cómplices del expresidente. Un informe pericial clínico solicitado por su defensa, a cuyos resultados ha tenido acceso este diario, demuestra que el exfiscal padece múltiples afectaciones: pérdida de ocho kilos de peso, trastorno de ansiedad, depresión severa y lumbalgia aguda; el médico también identificó pensamientos suicidas. Sus abogados señalan que la detención del exfiscal responde a una venganza política y exigen su liberación, dados los riesgos para su salud y su propia vida.
El certificado médico, emitido el 4 de enero, añade que González Arredondo padece un trastorno del sueño, parestesia nocturna, ataques de ansiedad, taquicardia, “así como inquietud, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva, miedos irracionales, incluso ideas catastróficas y pensamientos suicidas”. El abogado Iker Ibarreche, quien encabeza la defensa legal, señala que González Arredondo pasa 23 horas al día encerrado en su celda. Las autoridades penitenciarias argumentan que el encierro extremo tiene como objetivo proteger su integridad. Para Ibarreche, en principio, la El exfiscal nunca debió haber sido enviado a la misma prisión donde cumplen condena varios sujetos que fueron perseguidos y llevados ante la justicia por el propio González Arredondo a lo largo de sus 16 años de carrera en la Fiscalía del Estado. exfiscal ha dejado de comer por temor a ser perjudicado a través de la comida.
El abogado sostiene que no existe justificación para que el exfiscal haya sido enviado a prisión preventiva mientras la Fiscalía concluye la investigación complementaria en su contra. “La jueza Hortensia García Rodríguez nunca consideró que no había necesidad de dejarlo en prisión preventiva, con todas las implicaciones que implica para una persona la prisión preventiva, no solo en temas de su libertad y trabajo, sino también en temas de Salud. es por eso que la prisión preventiva siempre tiene que ser la última instancia”, dice en una entrevista.
El juez impuso esta medida cautelar —considerada excesivamente punitiva por organismos de derechos humanos— tras considerar que González Arredondo podría entorpecer las investigaciones en su contra por haber trabajado durante 16 años en la Fiscalía (pese a que desde finales de 2021 dejó la institución y se dedicó a la academia). La jueza también señaló que el exfiscal podría influir en los denunciantes, a pesar de que estos señalaron que no habían tenido contacto con él desde noviembre de 2018. De igual forma, consideró que existía el riesgo de que González Arredondo se diese a la fuga, aun cuando el El exfiscal demostró tener raíces en la ciudad de Delicias, donde vive e imparte clases.
“La actuación del juez fue absolutamente desproporcionada. Ella tuvo que sopesar cuáles son los supuestos riesgos que existen y todas las implicaciones negativas que tiene la aplicación de la prisión preventiva”, dice Ibarreche. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de México han establecido que es una medida de último recurso, es decir, si usted como juez encuentra otros mecanismos para neutralizar estos supuestos riesgos, tiene que favorecerlos. . En este caso, esos supuestos riesgos nunca fueron justificados”.
En diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a la Fiscalía de Chihuahua entregar el expediente contra González Arredondo, ya que los asuntos de tortura son de competencia federal. Fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ve en este asunto una venganza política del Gobierno de Campos Galván contra los exfuncionarios que se atrevieron a investigar la corrupción del pasado.
La Fiscalía de Campos se ha negado a entregar la investigación. La defensa del exfiscal promovió un recurso legal ante la negativa institucional. Este miércoles, un juez federal ordenó a la justicia local entregar los autos, y a la Fiscalía General del Estado enviar el expediente a la FGR en un plazo de tres días, según confirmó Ibarreche. La defensa anticipa que el juzgado de Chihuahua volverá a emitir una negativa, que ahora será apelada ante un tribunal colegiado federal para decidir, en definitiva, quién —si la Federación o el Estado— tiene competencia para llevar el expediente de González Arredondo.
Los abogados del exfiscal confían en que la FGR atraiga el caso y declare cerrado el expediente, al observar las irregularidades cometidas por la Fiscalía local. De ser así, González Arredondo podría recuperar su libertad. Precisamente por eso mismo el gobierno de Campos no quiere entregar la investigación, según los defensores. Ibarreche ha advertido que las acusaciones de tortura psicológica contra el exfiscal pretenden desvirtuar los expedientes que armó sobre Duarte y la propia Campos, a quien en esas investigaciones se le acusa de cobrar sobornos al exgobernador priísta cuando era diputada. de chihuahua
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