Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), ha sido trasladado a una prisión en Oklahoma tras ser condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. El abogado del exfuncionario, César de Castro, confirmó a CNN este jueves que García Luna se encuentra actualmente en un centro de transferencia federal en ese estado, aunque aún no se ha determinado la prisión en la que cumplirá su sentencia.
De acuerdo con De Castro, la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) es la autoridad encargada de decidir la ubicación final en la que los reclusos cumplirán sus condenas. Sin embargo, este tipo de decisiones no suele comunicarse al equipo legal ni al propio acusado hasta que el traslado ya se ha efectuado. Según explicó el abogado, es común que antes de llegar a su destino final, los presos sean enviados al Federal Transfer Center (FTC) en Oklahoma como una medida de tránsito temporal.
El futuro inmediato de García Luna aún no está claro, ya que su equipo legal no ha recibido información sobre la instalación penitenciaria donde será recluido de manera definitiva. No obstante, su abogado señaló que, mientras estuvo en prisión en Brooklyn, Nueva York, el exfuncionario mexicano mantuvo un perfil activo y participó en varias iniciativas dentro del sistema penitenciario.
Antes de ser condenado en octubre de este año, García Luna divulgó una carta manuscrita en la que destacó haber tomado parte en programas educativos y de concientización sobre el uso y abuso de drogas. También mencionó su participación en el Programa de Educación en Prisión de la Universidad de Columbia, una iniciativa que busca fomentar el aprendizaje académico entre los internos. Estas actividades, según su abogado, le ganaron el apoyo de algunos funcionarios de la prisión en Brooklyn, quienes incluso recomendaron que se le permitiera permanecer allí mientras se resolvía su apelación.
La sentencia de García Luna, dictada el 16 de octubre de 2023, incluye 460 meses de prisión (equivalentes a poco más de 38 años), cinco años de libertad supervisada tras el cumplimiento de su condena y el pago de una multa de dos millones de dólares. El exsecretario de Seguridad, quien fue arrestado en diciembre de 2019 y declarado culpable en febrero de 2023, ha sostenido desde el principio que es inocente de los cargos que se le imputan. Su equipo legal ya trabaja en la preparación de una apelación con la esperanza de revertir el fallo.
La condena de García Luna marcó uno de los momentos más significativos en la lucha internacional contra el narcotráfico, al tratarse de uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango en ser procesado por vínculos con el crimen organizado. Durante el juicio, fiscales estadounidenses presentaron pruebas y testimonios que lo señalaban como un colaborador cercano del Cártel de Sinaloa, acusándolo de recibir sobornos multimillonarios para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos mientras ocupaba su cargo en el gobierno mexicano.
Sin embargo, García Luna ha mantenido su inocencia y asegura que las acusaciones en su contra son parte de una conspiración. A lo largo del juicio, su defensa argumentó que los testimonios presentados por los fiscales provenían de criminales que buscaban reducir sus propias sentencias a cambio de incriminar al exfuncionario. En ese contexto, la apelación que planea presentar se perfila como un intento de cuestionar la validez de las pruebas y los testimonios que lo llevaron a ser condenado.
Mientras tanto, su traslado al centro de transferencia en Oklahoma refleja el proceso habitual dentro del sistema penitenciario estadounidense, donde los prisioneros pasan por instalaciones temporales antes de ser ubicados en la prisión asignada para cumplir su pena. Este procedimiento, aunque rutinario, ha generado cierta incertidumbre sobre el lugar exacto en el que García Luna pasará el resto de su condena.
Durante su tiempo en prisión en Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública intentó mantener una imagen de cooperación y rehabilitación, participando activamente en programas educativos y de concientización. Según De Castro, estas actividades le permitieron construir una relación positiva con algunos funcionarios de la prisión, lo que llevó a que se le sugiriera solicitar permanecer en Brooklyn mientras se resolvía su apelación. Sin embargo, el traslado reciente indica que esta solicitud no fue aceptada o que no influyó en la decisión final de la Oficina de Prisiones.
El caso de García Luna ha tenido un fuerte impacto tanto en México como en Estados Unidos, dado que pone en evidencia los posibles vínculos entre altos funcionarios gubernamentales y el crimen organizado. Durante su tiempo como secretario de Seguridad Pública, García Luna fue una figura clave en la llamada «guerra contra el narcotráfico» declarada por el expresidente Felipe Calderón, una política que marcó un periodo de violencia sin precedentes en México.
Las acusaciones y la condena en su contra han alimentado el debate sobre la efectividad de las estrategias implementadas durante ese periodo y han generado cuestionamientos sobre la integridad de otros altos funcionarios que participaron en la lucha contra el narcotráfico. Aunque el caso de García Luna es uno de los más notorios, también ha puesto el foco sobre la necesidad de investigar más a fondo posibles casos de corrupción dentro de las estructuras gubernamentales que combaten el crimen organizado.
Por ahora, el futuro de García Luna depende de la apelación que presentará su equipo legal. Este proceso podría llevar meses o incluso años, y aunque las probabilidades de éxito en este tipo de casos suelen ser bajas, el exfuncionario mexicano parece decidido a luchar por su inocencia. Mientras tanto, su traslado a Oklahoma es un recordatorio de que, al menos por ahora, García Luna continuará enfrentando las consecuencias legales de las decisiones tomadas durante su tiempo en el gobierno.
El caso sigue siendo un símbolo de los retos que enfrentan las instituciones tanto en México como en Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la corrupción. A medida que se desarrollen los próximos pasos legales, el impacto de este proceso continuará resonando en ambos lados de la frontera, subrayando la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la lucha contra el crimen organizado.
