La destitución del secretario ejecutivo del INE abre un conflicto entre Presidencia y Tribunal Electoral

La destitución del secretario ejecutivo del INE abre un conflicto entre Presidencia y Tribunal Electoral

Sesión Extraordinaria del Instituto Nacional Electoral tras la entrada en vigencia del Plan B, el 3 de marzo.Rogelio Morales Ponce (CUARTO OSCURO)

La entrada en vigor de las reformas del “plan B” electoral oficialista ha abierto un frente cada vez más amplio en el conflicto entre el titular del Ejecutivo y el Judicial. La magistrada Janine Otálora, integrante del Tribunal Federal Electoral (TEPJF), elaboró ​​un proyecto en el que propone restituir a Edmundo Jacobo Molina en su cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo mexicano encargado de organizar el elecciones. El “Plan B” —un paquete de reformas impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir la estructura operativa del INE— establecía la destitución inmediata de Jacobo con la promulgación de las nuevas leyes. Tanto el funcionario electoral como el INE impugnaron la medida ante el TEPJF, asunto que quedó a disposición de la jueza Otálora. Luego de que se diera a conocer que el sentido de su proyecto era favorable a Jacobo, la Presidencia de la República, a través de su Dirección Jurídica, interpuso un recurso en el que exige que la magistrada —a quien acusa de ser parcial y de transgredir sus facultades— no participar en la votación sobre el asunto.

La Corte Suprema de Justicia será la última instancia encargada de analizar si las leyes del “plan B” son inconstitucionales, como han acusado activistas y partidos de oposición, pero, mientras tanto, el Tribunal Electoral resolverá los llamados juicios ciudadanos, promovidos por personas que consideran vulnerados sus derechos políticos con la implementación de las reformas, el caso de Edmundo Jacobo. Quien fuera secretario ejecutivo del INE durante 14 años ha acusado ante el TEPJF que, contrario a lo que permite la Constitución, el “plan B” es una norma privada, es decir, que va dirigida a una persona en particular, ya que los artículos transitorios de la las nuevas leyes establecían específicamente que el secretario ejecutivo del INE debía ser destituido de su cargo. El Instituto Electoral, por su parte, ha argumentado que el nombramiento del secretario ejecutivo es una facultad de los propios concejales, no del Ejecutivo ni del Legislativo, por lo que la reforma implica una invasión a su autonomía constitucional.

El proyecto elaborado por la jueza Otálora valida los argumentos de Jacobo y el INE. El documento, difundido por Milenio, ordena la no aplicación del artículo decimoséptimo transitorio del decreto de reforma, que ordenaba al titular de la secretaría ejecutiva del árbitro electoral “cesar en sus funciones” con la entrada en vigor de las nuevas leyes. El juez Otálora —quien fuera presidente del TEPJF— argumenta que se trata de una norma privada, cuando la Constitución establece que las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales, nunca dirigidas a una persona en particular. Además, señala el juez, la reforma invade la autonomía del INE y sus competencias constitucionales.

“La Constitución establece expresamente que el titular de la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional Electoral será designado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia. En consecuencia, el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria que ‘cesará en sus funciones’ ni establecer parámetros para que la autoridad administrativa nacional haga una nueva designación”, dicen las resoluciones del proyecto.

La noche del martes, la Asesoría Jurídica Presidencial anunció que promovió un “incidente de impedimento” contra el juez Otálora, a quien ha acusado de “prejuzgar” a favor de los intereses de Jacobo. El Ministerio ha exigido a la Sala Superior del TEPJF que ordene al magistrado abstenerse de participar en el juicio. “Si se estima lo contrario”, advierte en su recurso, “podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que violaría el estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”. Además, el Departamento Jurídico —que funge como asesor legal del presidente López Obrador— ha señalado que Otálora violó varias leyes y reglamentos que obligan a los jueces a ser imparciales y sancionarlos por adelantar el sentido de los proyectos de sentencia o sus votos. De hecho, el Ministerio acusa a la magistrada de haber filtrado a los medios su proyecto antes de que fuera votado por el pleno de la Sala Superior.

Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista e investigador de la UNAM, advierte que el recurso de la Asesoría Jurídica Presidencial busca ejercer una “presión indebida” sobre el Tribunal Electoral. “Creo que hay muchas disposiciones en el ‘plan B’ que podemos discutir si son constitucionales o no, hay algunas que son muy obvias, hay otros cambios que no creo que sean constitucionales, hay otros que son muy discutible. Esto de Edmundo Jacobo está muy claro, no hay por ningún lado, sería una pena que algún magistrado del TEPJF concluyera que el Congreso puede destituir al secretario ejecutivo de esta manera, sería una aberración”, dijo en entrevista. “Que el asesor legal [Estela Ríos]quien tendría que ser uno de los mejores abogados del país, sale a defender una destitución de este tipo y criticar a una ministra que lo único que está haciendo es hacer cumplir la Constitución, es un retrato perfecto del muy precario estado de el Ministerio Jurídico en esta Administración”.

López Obrador criticó en su momento a Jacobo por impugnar ante el Tribunal Electoral su destitución del cargo, en el que lleva 14 años. “A lo mejor quiere tener un trabajo para toda la vida”, ironizó el presidente en una de sus conferencias mañana. “Olvidas que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que no es necesario un cargo como el que ocupó y que hay que ahorrar… porque me gustaría que te informara desde cuándo está en el cargo y cuánto gana” . Jacobo percibía un salario de 167.000 pesos netos mensuales. “¡Y todavía se atreve a quejarse!” exclamó el presidente.

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