Hacia finales de 2022, el mapa politico de america latina estuvo teñido de gobiernos de izquierda o de centro-izquierda. En octubre de ese año, Lula acababa de ser elegido por tercera vez como presidente de Brasil, completando así lo que se llamó la segunda ola rosa latinoamericana del siglo XXI. La primera ola, recordemos, se había dado a principios de siglo con el ascenso al poder de figuras como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Pepe Mújica, Néstor Kirchner, Ricardo Lagos y el mismo Lula.
Con la salida de Jair Bolsonaro de la presidencia de Brasil, los países más grandes de la región volvieron a estar liderados por gobiernos identificados con la izquierda: Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, López Obrador en México y Pedro Castillo en Perú. Además de ellos, los regímenes de otros tres países de la región tienden a identificarse con la izquierda (Nicaragua, Cuba y Venezuela), aunque en estos casos son cuestionados por su falta de respeto a los principios democráticos.
En general, el ascenso de las dos olas rosas en América Latina se ha dado como parte de los movimientos políticos pendulares en la región. Las crecientes demandas sociales, insatisfechas por los gobiernos neoliberales que imperaron en la región, siguen vigentes. La pobreza generalizada y la enorme desigualdad siguen siendo características de la región. Los gobiernos progresistas de América Latina han tratado de abordar estos temas de diferentes maneras y con diferentes estrategias. Algunos han recurrido a políticas populistas tradicionales, que a menudo no rinden cuentas y no tienen en cuenta los equilibrios macroeconómicos. No en vano, estos casos han terminado llevando a sus países a episodios recurrentes de inflación, devaluación y crisis. Ese fue el caso de la Venezuela de Chávez-Maduro, pero también de la Argentina de Cristina Fernández. Otros comenzaron sus esfuerzos con profundas reformas sociales y demandas de raza y clase. Algunos incluso querían llevar a cabo reformas económicas y políticas de largo alcance y de gran alcance, que terminaron en intentos semiautoritarios fallidos de perpetuación política. En otros casos, como Uruguay y Chile, los gobiernos democráticos progresistas optaron por políticas moderadas que condujeron a algunas mejoras pero que, dado el desgaste tradicional en el ejercicio del poder, resultaron insuficientes para atender las demandas sociales y tuvieron que ceder control. paso a la alternancia política.
La pregunta ahora es qué tan exitosa será esta nueva ola rosa latinoamericana. ¿Será capaz de trascender más que la primera ola? ¿Será suficiente para que las economías de la región resuelvan sus problemas sociales más apremiantes? ¿Se puede lograr que las economías de la región den un salto económico y salgan de la trampa de la renta media en la que parecen estar?
La realidad es que el escenario no pinta fácil. No sólo el entorno económico es ahora más complicado que a principios de siglo, cuando un auge de materias primas facilitó el crecimiento de las economías sudamericanas. Ahora, luego de la pandemia y el proceso inflacionario que siguió, los gobiernos de la región enfrentan mayores restricciones presupuestarias. Además, varios gobiernos ganaron con márgenes limitados, lo que se ha traducido en equilibrios políticos más frágiles y algunos obstáculos para aprobar leyes más acordes con sus promesas de campaña. Tal es el caso del gobierno de Boro en Chile, que enfrentó un importante doble rechazo, primero a su propuesta de nueva Constitución en septiembre del año pasado y luego a su propuesta de reforma tributaria en marzo de este año.
Otros gobiernos progresistas enfrentan problemas de diferente naturaleza. En el caso de Argentina, el Gobierno enfrenta una delicada situación económica, que se ha agravado en los últimos años y en la que la inflación anual ya supera el 100%. El gobierno de Petro en Colombia también enfrenta problemas para avanzar en su agenda de reformas. Luego de haber logrado aprobar una importante reforma tributaria al inicio de su gestión, el presidente Petro se radicalizó y rompió con algunos sectores moderados que lo habían acompañado al inicio de su gobierno. No en vano, sus reformas políticas, laborales y de salud han enfrentado rechazo en el Congreso o ni siquiera han sido debatidas.
La popularidad de Petro, como en el caso de Boric en Chile, está por los suelos. Incluso Lula ya ha comenzado a sufrir un desgaste político en su tercer mandato presidencial, y su índice de aprobación ya ha comenzado a disminuir. A todo lo anterior hay que sumar la destitución del presidente Castillo en Perú a finales de 2022, lo que, en su conjunto, pinta un panorama nada halagüeño (paradójicamente) para los regímenes de izquierda de la región. Hasta el momento, el único gobierno progresista que mantiene su popularidad y sus perspectivas de continuidad es el de López Obrador en México, donde habrá elecciones presidenciales el próximo año.
En resumen, la realidad es que los gobiernos de izquierda latinoamericanos enfrentan un delicado equilibrio entre el respeto a los principios y valores democráticos, siendo capaces de ofrecer una respuesta a las crecientes demandas sociales (lo que implica una lucha decidida contra la pobreza y la desigualdad). ) y logrando mantener la estabilidad macroeconómica. Hasta ahora, muy pocos gobiernos han sido capaces de resolver este rompecabezas.
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