La masacre de Camargo languidece en los tribunales a la espera de que el proceso entre en su etapa intermedia, fase en la que abogados y fiscales presentan las pruebas que luego revelarán en el juicio. Este lunes, las partes se reunirán nuevamente en la sala de audiencias, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, para tratar de sacar adelante, el deseo de los familiares de las víctimas. Sus abogados critican las artimañas de muchos de los defensores de los imputados, que han ralentizado el proceso durante más de un año. La sombra de la impunidad, un lastre para la justicia mexicana, se cierne sobre uno de los casos más vergonzosos de la historia moderna del país.
Han pasado dos años. El 22 de enero de 2021, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Tamaulipas presuntamente asesinaron a 19 personas, 17 de ellas migrantes, en una zona rural de Camargo, municipio en la frontera entre Tamaulipas y Texas. La mayoría de los migrantes viajaban desde Guatemala, aunque entre ellos también se encontraba un ciudadano salvadoreño. Los otros dos eran mexicanos, supuestamente los polleros —traficantes de personas— que encabezaban el grupo en el último tramo de su viaje a Estados Unidos.
Durante este tiempo, las autoridades han detenido a 12 agentes estatales por los hechos, la mayoría adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la corporación. Además, hay otros cinco funcionarios procesados por cuestiones tangenciales, relacionadas con el tráfico de migrantes. De los cinco, tres son policías del municipio de Escobedo, en Nuevo León, algo al sur de Camargo, y dos del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes enfrentan procesos por delitos administrativos.
La detención de los 12 agentes que presuntamente perpetraron la masacre se produjo pocos días después de los hechos. El 2 de febrero de 2021, el Procurador del Estado, Irving Barrios, anunció la captura de los policías, acusados de homicidio, abuso de autoridad y denuncias falsas sobre él. La noticia sorprendió entonces y sepultó, con su peso, una gran cantidad de interrogantes, muchos encaminados a comprender el papel de los agentes en la masacre o el colmo que había alcanzado la conspiración para perpetrarla y callar.
La rapidez de la Fiscalía en las primeras semanas contrasta con la lentitud posterior. Hasta el momento se desconoce, por ejemplo, si hay más policías involucrados directamente en la masacre. Los investigadores no han avanzado en el análisis de la cadena de mando que prevaleció ese día. De los 12 policías presos, los dos de mayor rango son los que comandaban el operativo, uno a cargo del GOPES y otro representante del departamento de operaciones de la unidad. Nada mas.
Los abogados de los familiares de las víctimas exigen a la Fiscalía que investigue precisamente los eslabones altos de la cadena. Yesenia Valdez, parte del equipo legal que asesora a las familias de las víctimas de México, dice: “Para nosotros es muy importante que la cosa no se quede en los 12 policías, que la investigación continúe y se dirija hacia la responsabilidad de la cadena de mando, sino también de otras autoridades que directa o indirectamente pudieron haber intervenido en los hechos, la pregunta es ¿por qué lo hicieron?, si solo estos 12 estuvieran involucrados sería difícil responder, no eran delincuentes , no había nada personal”.
360.000 pesos
La pregunta más obvia, como dice Valdez, apunta a la razón, por qué los mataron y por qué fueron despiadados. Según la Fiscalía, la policía no solo asesinó a los migrantes. Además de matarlos, prendieron fuego a sus cadáveres e intentaron limpiar la escena del crimen, recogiendo decenas de casquillos de balas que habían disparado con sus armas. La pregunta es por qué, una explicación que aún no llega y que tiene en vilo a las familias, necesitadas de cerrar el asunto, que asisten a las audiencias por videollamada.
En una de las últimas sesiones a finales del año pasado, explica el abogado, los defensores de algunos de los policías señalaron la posibilidad de acogerse a un “procedimiento abreviado”. En la jerga procesal, el procedimiento abreviado es un esquema por el cual los imputados reconocen los hechos a cambio de una rebaja de penas y una indemnización a las víctimas. “Los familiares de los migrantes estuvieron de acuerdo, aunque se redujo la pena. Prefirieron justicia pronta a dos años más de incertidumbre”, explica Valdez.
Este esquema también apareció como una vía ideal para profundizar en el conocimiento de las motivaciones de los imputados. Pero todo salió mal poco después. Primero, la Fiscalía planteó un monto de indemnización que Valdez califica de “vacilante”: 360.000 pesos por deceso, poco más de $20.000. Y entonces, los abogados de los acusados dieron marcha atrás, dejando el camino libre, salvo sorpresa, para que el proceso avance definitivamente la próxima semana.
Aparte del caso que se sigue ante el Poder Judicial de Tamaulipas, otro distinto se desarrolla ante los tribunales federales, uno de los aspectos más desconcertantes del caso y, también, más escandaloso. Durante las primeras semanas de pesquisas, en 2021, los investigadores descubrieron que una de las dos camionetas en las que viajaban los migrantes, quemada igual que ellos en Camargo, había sido incautada meses antes en un allanamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) .
La sola presencia de una camioneta incautada semanas antes en la escena de un crimen como el de Camargo apuntaba a la cruzada anticorrupción del instituto y del gobierno. “Esto quiere decir que el camión ya había estado involucrado en otros hechos donde se traficaba con otros migrantes. El INM detuvo la camioneta y la confiscó. Se supone que debió avisar a la Fiscalía para que les pusiera a disposición los polleros y la camioneta”, critica Valdez. Pero eso no sucedió.
Ante la noticia, la Fiscalía General de la República en Nuevo León, lugar donde meses antes de la masacre había sido decomisada la camioneta, abrió una investigación. “¡Pero se enfoca en por qué se devolvió la camioneta, por qué el INM devolvió la camioneta!”. exclama el abogado. “Está bien, pero no se investiga el vínculo con Camargo, cómo llega la camioneta a los contrabandistas de Camargo. Y claro, todo queda en algo menor, delitos contra la administración de justicia, proceso que los imputados han quedado en libertad”, zanja.
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