La última suspensión de las obras del Tren Maya, otorgada este martes por un juez federal, complica la construcción del Tramo 5 del proyecto, que conecta Cancún y Tulum, en Quintana Roo. Adrián Novelo Pérez otorgó amparo a la asociación Selvame del Tren porque el Gobierno no cuenta con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en muchas de las hectáreas que se verán afectadas por la construcción de las vías. Con esta decisión obliga a paralizar “cualquier acto que tenga por objeto la continuación de la tala o desmonte en los terrenos que integran el Tramo 5 sur y norte del proyecto Tren Maya”. Este es el último escollo judicial que enfrenta la megaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pelea desde el año pasado con organizaciones civiles para continuar con su obra insignia y que ya provocó otras suspensiones anteriormente por falta de autorizaciones ambientales. . .
El Tren Maya ha estado prácticamente envuelto en un lío judicial desde sus inicios. Numerosas asociaciones ecologistas han presentado demandas por la construcción de muchos de sus siete tramos. La Ruta 5, que atraviesa largos tramos de selva virgen y amenaza el ecosistema de cuevas y cenotes, es una de las más delicadas. Desde abril de 2022, el Gobierno y las organizaciones han estado en un tira y afloja.
El pasado mes de mayo, el mismo juez ordenó la suspensión definitiva de la obra, manteniendo indefinidamente la paralización provisional que impuso un mes antes por falta de la declaración de impacto ambiental (MIA). En junio obtuvieron las autorizaciones para reanudar las obras y, aunque no contaban con la orden explícita del juez para realizarlas nuevamente, las reanudaron un mes después con el argumento de que se trataba de un proyecto de “seguridad nacional”.
Unos días después, el juez volvió a paralizar el proyecto. En agosto, Novelo Pérez levantó las tres órdenes de suspensión ratificadas durante los meses anteriores. La obtención de la autorización ambiental fue decisiva en esta resolución. De esta manera, el proyecto tomó un impulso clave para que la Administración pudiera agilizar las obras.
El proyecto busca construir 1.550 kilómetros de vía para unir una vía férrea a través de cinco estados del sureste del país: Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Está dividido en siete tramos y, aunque en cuatro de ellos apenas se aprecian avances, el Gobierno se ha comprometido a inaugurarlo por completo en diciembre de este año, antes de que finalice el sexenio. “El trabajo seguirá, no nos podrán detener”, aseguró López Obrador en mayo de 2022, cuando anunció que recurriría a la segunda de las órdenes de suspensión.
El proyecto ha sido controvertido por el impacto que ha causado en el territorio. El Instituto de Ecología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reconoció que las obras que se realizan entre Playa del Carmen y Tulum provocarían un “impacto crítico” por la deforestación de más de 485 hectáreas de selva y vegetación que “goza de un nivel de conservación alto.En el informe, la autoridad enumeró una treintena de impactos negativos, que van desde el colapso del sistema de cuevas, hasta la alteración del caudal de agua o la afectación de ejemplares de jaguar, animal en peligro de extinción en México. Gobierno trató de rebajar la tensión con los ambientalistas al anunciar la creación de la Reserva del Jaguar, un espacio natural protegido con una superficie de 2.249 hectáreas.
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