Las empresas y fondos de inversión a los que España se niega a pagar las indemnizaciones reconocidas en una veintena larga de arbitrajes internacionales instados en su día por el perjuicio económico que les causó la retirada unilateral de las primas a las renovables preparan ya su próximo movimiento para obligar al Gobierno a abonar esas cuentas pendientes. Según fuentes cercanas a esos acreedores, sus representantes legales ya tienen identificados 400 activos en el extranjero propiedad del Estado español, con un valor conjunto estimado en 4.500 millones de euros, cuyo embargo podría instarse en los tribunales de justicia para hacer efectivas las compensaciones decretadas en los laudos arbitrales.
En el porfolio de activos susceptibles de embargo, que de momento declinan precisar aunque aseguran que se reparten por una docena de países, hay bienes inmobiliarios valorados en más de 100 millones de euros, cuentas bancarias, títulos de deuda y derechos financieros de diferente naturaleza, si bien en el pasado desde el entorno de estos fondos se ha apuntado a filiales de empresas públicas españolas, como la de Navantia en Australia, e incluso a los aviones oficiales que utilizan el presidente del Gobierno y sus ministros en sus viajes internacionales, los célebres Falcon.
La incautación y el embargo de bienes y activos suele ser una solución de último recurso cuando un Estado se niega a pagar lo establecido en este tipo de arbitrajes de forma recalcitrante y goza del amparo de la legalidad internacional, ya que puede ejecutarse en cualquiera de los 158 países firmantes del Convenio del Ciadi, en virtud del cual los países adscritos, como es el caso de España, admiten la vía del arbitraje para resolver las disputas de naturaleza internacional.
«Los acreedores de España ya tienen identificados sobre qué activos actuar, pero de momento no lo van a hacer a la espera de una solución negociada», asegura una fuente cercana a los fondos afectados por el impago de los laudos renovables. «La decisión de contemplar la posibilidad de un embargo está forzada por la resistencia de España a pagar», dice uno de sus representantes jurídicos.
De la indemnización del Prestige a la deuda pública
España ya tiene cierta experiencia en estas situaciones. Como publicó en su día ABC, la Justicia británica autorizó en febrero de 2023 la incautación de la indemnización a España por el hundimiento del Prestige, estimada en 925 millones de euros, para garantizar a uno de los acreedores del Estado la compensación reconocida en un laudo arbitral del Ciadi. Un par de meses más tarde el Supremo de Londres emitió tres órdenes de pago, que de no ser atendidas activarían el embargo de la sede del Instituto Cervantes y de una sede de la Generalitat en la capital británica. Otras resoluciones judiciales dictadas en el Reino Unido han situado en riesgo de embargo la histórica sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y un fondo estadounidense consiguió intervenir cuatro emisiones del Tesoro por 920 millones llevando a la deuda española a su primer impago técnico desde el año 1936.
Lo que hace meses aparecía como una estrategia improbable se está empezando a generalizar ante las maniobras del Estado español para eludir el pago de los más de 1.500 millones de euros que ha sido condenado a pagar en diferentes laudos arbitrales. Las empresas y los fondos afectados están acudiendo en masa a los tribunales de las jurisdicciones más sensibles a la necesidad de hacer cumplir las resoluciones de los arbitrajes internacionales (Estados Unidos, Reino Unido, Australia…) para registrar esos laudos y dejar abierta la puerta a instar su materialización a través de embargos.
«Es inusual tener que recurrir a este tipo de trámites para hacer efectivos los arbitrajes en países desarrollados», asegura una jurista especializada en arbitrajes internacionales, que tomó parte ayer en la Conferencia Internacional sobre Energía Renovable, Inversión y Seguridad Jurídica, celebrada en Madrid, «principalmente porque países como España están más expuestos a este tipo de medidas». Al parecer, en otros países más acostumbrados a los arbitrajes y a los impagos es costumbre blindar los activos en el extranjero para evitar su embargo.
En busca de una solución pactada
España acumula 26 condenas en arbitrajes internacionales a cuenta de la retirada unilateral de las primas a las renovables que aprobara en su día el Gobierno de Zapatero, por las que se la ha instado a abonar a las empresas y fondos que decidieron invertir en el sector renovable doméstico indemnizaciones por más de 1.560 millones de euros, que por el momento el Gobierno ha optando por no pagar.
La decisión ha situado el nombre de España junto a los de Venezuela y Rusia a la cabeza de la clasificación internacional de países con más impagos de arbitrajes internacionales, lo que une al coste económico que es probable que le toque asumir el coste reputacional de estar en ese grupo.
Fuentes cercanas a los fondos y empresas afectadas aseguran que los acreedores de España por las renovables siguen siendo partidarios de una solución negociada y que hace un mes pusieron sobre la mesa del Ministerio de Transición Ecológica una propuesta de acuerdo para reinvertir en nuevas instalaciones renovables en España parte de las compensaciones derivadas de esos arbitrajes internacionales si el Gobierno se avenía a pagar las reparaciones previstas en los laudos.
