María Elena Ríos vive una pesadilla desde hace tres años y cinco meses. Los mismos que han sucedido desde que dos hombres irrumpieron en su vida y le quemaron el 90% de su cuerpo con ácido. Esas personas, sin embargo, eran solo los mensajeros. En su denuncia, la saxofonista oaxaqueña señaló directamente al exdiputado priísta Juan Vera Carrizal, un poderoso empresario gasolinero, como el autor intelectual del atentado y a quien pagó para que se cumplieran sus amenazas. Vera Carrizal y ella habían estado hace un par de años y fue la ruptura de la relación lo que disparó el enfado del político.
Por un lado, el caso Ríos ilustra perfectamente el abandono del Estado que sufren las víctimas de tentativa de feminicidio en un proceso plagado de errores y corrupción; por otro, su lucha inspira a miles de mujeres a no rendirse y seguir luchando por sus derechos en su sed de justicia. “Hay días que quisiera dormirme y no despertarme. Que todo fue un sueño feo, pero no”, dice en entrevista con EL PAIS.
Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 como presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio y un juez ordenó prisión preventiva en su contra. La pandemia y las estrategias de defensa han alargado el proceso hasta el punto de que aún no se ha llevado a cabo ningún juicio. Sin embargo, la semana pasada Oaxaca amaneció con la noticia de que el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco decidió otorgar prisión domiciliaria al imputado por motivos de salud. Dicha sentencia permite que Vera Carrizal se traslade a la casa de su hija y desde allí continúe el proceso en su contra. El juez también llegó a un acuerdo de que es la familia del empresario y no la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública la que paga la instalación de un brazalete electrónico de una empresa privada para controlar los movimientos del reo. “La decisión me hace sentir amenazado, me pone en riesgo a mí y a mi familia”, repite Ríos.
La abogada del saxofonista, Cristal González, denuncia que la defensa del político venía tramando desde diciembre un plan para presentar pruebas en el juicio que nunca fue conocido por la víctima ni por la propia Fiscalía hasta el día de la audiencia, cosa que viola el Código de Procedimientos Penales. Ese golpe de efecto fue una gran desventaja y desarmó a la defensa del caso. El juez dio por válidas las pruebas y concedió solo una hora y media para que Ríos y su abogado revisaran cientos de páginas. Una tarea imposible.
La saxofonista y su abogado denuncian todo tipo de corrupción y arbitrariedades en el proceso, incluida la vulneración de sus derechos más básicos como hablar en la sesión, amenazar con apartar a la víctima de su asesor legal o no dejarla ir al baño. . La audiencia virtual duró más de 60 horas durante seis días. Seis días en los que María Elena se ha visto obligada a ver la cara de su agresor, conectada al otro lado de la pantalla. “Desde el principio el juez no paró de decirme que me callara, me amenazó con sacarme, me calló y me impidió hablar”, denuncia Ríos. “El juzgado de Oaxaca se atrevió a brindar datos confidenciales de mi defendida, su familia y los míos a la defensa del imputado, violando la ley”, agrega el abogado González. “Nunca había visto algo así en este país en mis años como representante legal”, señala.
González señala que otro de los argumentos utilizados en su contra fue que Ríos se encuentra actualmente en el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos. Pacheco consideró que al ser parte de esta figura de protección, la víctima no corre peligro si su agresor sale de prisión. “Resolvió diciendo que como tengo medios de protección no me va a pasar nada. Me siento muy desamparado, porque esta situación me pone en desventaja”, dice Ríos.
En México, el delito de feminicidio forma parte del catálogo de delitos graves para los que se requiere prisión preventiva justificada. Es de alto riesgo para las víctimas y sus familias que los agresores estén en la calle. “Tengo miedo de que mi atacante termine lo que empezó y me mate”, dice el saxofonista. Su abogado denuncia que no solo no se tuvo en cuenta el gran poder del imputado y su familia ―también investigados por otros delitos― sino que se desconoció por completo el historial de amenazas y violencia que ha ejercido la familia del agresor contra la víctima para intentar para desacreditarla. “Son una familia de empresarios, ex políticos. Tienen una red de influencias muy importante”, dice González.
María Elena Ríos aún se estremece al recordar las palabras que Vera Carrizal usó en el juicio: “Le dio su palabra al juez de que no se me iba a acercar, que iba a limpiar su nombre y que no me iba a ensuciarse las manos”.
– ¿Y cómo interpretas esas palabras?
– Claro que no se ensució las manos directamente, porque pagó para que me echaran el ácido. Pero dio la orden.
– ¿Sentiste esas palabras como una amenaza?
– Como una oración.
La polémica decisión ha causado indignación entre los grupos feministas de Oaxaca que se manifestaron ayer frente a la Corte Superior de Justicia. Los manifestantes arrojaron una cabeza de cerdo a una hoguera y exigieron la destitución del juez. “Es una burla para todas las víctimas de este país”, se podía leer en las redes sociales. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que por el momento el imputado no saldrá de prisión y declaró que aunque respeta las decisiones del poder judicial, no está de acuerdo con la sentencia. El presidente ha pedido al Ministerio de Seguridad Pública que realice un análisis del caso que pueda servir para desvirtuar el arresto domiciliario.
Según información de esta dependencia, la casa de la hija de Vera Carrizal no reúne las condiciones de seguridad necesarias para evitar que el reo se escape, asimismo, ha señalado que el Estado no cuenta con elementos policiales suficientes para resguardar la casa. “[La decisión del juez] envía un mensaje peligroso en un Estado que históricamente tiene altos índices de violencia feminicida”, dijo Jara en un mensaje colgado en sus redes sociales. En México, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y 2022 cerró con más de 3,000 asesinadas. “Retórica es inútil, los sobrevivientes queremos acciones que nos saquen de esta maldita impunidad”, responde enfáticamente Ríos.
A pesar de la trascendencia que puedan tener las palabras del gobernador, la decisión dependerá en última instancia del Poder Judicial. Tanto la saxofonista como su abogado han recibido estas declaraciones con escepticismo y denuncian que ni el gobernador ni el secretario de Gobierno de Oaxaca han atendido sus llamadas durante los seis días que ha durado la audiencia. “Ahora quieren lavarse las manos”, dice la víctima.
María Elena Ríos dice que impugnará la decisión del juez Pacheco y pedirá su recusación, es decir, que lo retiren de la causa y nombren otro juez. Desde la audiencia, la víctima solicitó dicha recusación, sin embargo, Pacheco continuó con la audiencia, incluso a pesar de una orden federal en la que se le notificó que la audiencia no podía continuar por falta de condiciones. La pelota está ahora en la cancha de la Corte Superior de Justicia de Oaxaca, que determinará si escucha al gobernador y anula la sentencia de Pacheco, o incluso si lo destituye de su cargo. Por ahora, el magistrado de turno, Eduardo Pinacho, se ha limitado a defender la decisión del juez y subrayar que la sentencia a favor de Juan Vera Carrizal “no es absolutoria”.
Mientras parece que la esperanza de lograr justicia se desvanece para María Elena Ríos, la sobreviviente de violencia no deja de exigir justicia. Su cuerpo cansado de ella, lleno de sus cicatrices, carga con más de cinco dolorosas operaciones e innumerables tratamientos que le recuerdan cada día el daño que lleva dentro y fuera de ella. Por si fuera poco, tiene frente a sí todo un sistema que se empeña en maltratarla y despreciarla como su víctima. “Las víctimas que quiere el Estado son las que se rinden. Me quieren cansar pero no me voy a cansar”, asegura. “Vienen tiempos oscuros para Oaxaca, especialmente para las mujeres”.
Suscríbete aquí a Boletin informativo de EL PAÍS México y recibe toda la información clave de la actualidad de este país
