Debido a la larga historia de fraude electoral durante el siglo XX, fue necesario construir una autoridad electoral independiente del Gobierno, el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya autonomía está establecida por la Constitución. El INE tiene la tarea de establecer el padrón electoral y expedir la credencial de elector con fotografía, que en realidad es la cédula de identidad ciudadana de más de 95 millones de personas. En cada elección, el INE sortea y capacita a los ciudadanos para que sean los vecinos de los electores quienes instalen y operen los colegios electorales, garantizando así la imparcialidad en el conteo de votos. El sistema electoral mexicano también incluye condiciones de equidad en la contienda, con financiamiento público preponderante sobre el privado, así como acceso gratuito a la radio y la televisión para partidos y candidatos.
Con este modelo, México logró su primera alternancia en la presidencia en el año 2000, luego de 70 años de hegemonía de un solo partido. En lo que va de siglo ha habido cuatro elecciones presidenciales y tres han ganado candidatos de la oposición. Desde la década de 1990, ningún partido ha obtenido el 40% de los votos en la renovación por tres años de la Cámara de Diputados. Sólo en los últimos nueve años, de 56 elecciones a gobernador, en 39 (70%) han ganado partidos distintos al que gobernaba. Todas estas elecciones han concluido sin conflictos. Por primera vez en su historia, México vive una era política de alternancia, pluralismo y respeto al voto.
Las elecciones son una de las pocas cosas que funcionan bien en México. Sin embargo, el año pasado el Gobierno quiso aprobar una reforma constitucional (Plan A) que hacía desaparecer el INE, pero no consiguió los dos tercios del Parlamento necesarios para cambiar la Carta Magna. Impulsó entonces el Plan B que, con base en leyes secundarias, destruye la estructura profesional permanente del INE en el territorio, afecta su autonomía y lesiona las condiciones de equidad. Lo hace a pocos meses del inicio de los trabajos de preparación para las elecciones de 2024, donde se renovará la presidencia del país y se elegirán todos los miembros de la Cámara de Diputados (500) y el Senado (128), 9 gubernaturas, Se disputarán 31 congresos locales y se votará la integración de más de 1.800 municipios.
El peligro que entraña la reforma no pasa desapercibido para una sociedad atenta y participativa. Recién el domingo 26 de febrero, una multitud llenó la emblemática plaza Zócalo de la Ciudad de México, en una imagen que dio la vuelta al mundo, con el lema “mi voto no se toca”. También hubo manifestaciones en otras 100 ciudades para apoyar al INE y solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional el plan B y así garantizar la realización de elecciones auténticas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los cientos de miles de ciudadanos que se expresaron pacíficamente como “corruptos”, “farsantes”, “delincuentes de cuello blanco”. La violencia, hasta ahora verbal, del poder contra ciudadanos que discrepan y ejercen libertades políticas básicas, evidencia el espíritu autoritario que rige en el país latinoamericano.
México podrá superar el riesgo de una gran crisis política con la acción serena y firme de un Poder Judicial independiente. El Tribunal Supremo tiene la palabra.
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