Era finales de mayo y el termómetro hacía horas que superaba los 30 grados. Inmensas filas de vehículos esperaban bajo el sol en un punto denominado Retorno, a la altura de la colonia Paso Limonero, a unos 10 kilómetros de Acapulco de Juárez, en Guerrero. Ese fin de semana se realizó el mercado turístico y se esperaba que la ciudad costera se llenara. Pero desde temprano en la mañana nadie podía pasar. Varios grupos de manifestantes habían cortado todo acceso desde la Ciudad de México: no habría tránsito hasta que las autoridades encontraran a Yoseline Patricio Vendrel.
Yoseline, de 16 años, había sido secuestrada el día anterior, a las 6:30 am, cuando iba a la escuela, acompañada de su novio, en el pueblito de San Agustín. Llegó un vehículo con hombres armados, dos de ella se bajaron, golpearon al niño y se la llevaron. Es así de rápido, así de simple, toma a una mujer. Su madre, Belén, movilizó a toda la comunidad para protestar y pedir a las fuerzas de seguridad que la encontraran. El primer bloqueo fue roto muy rápido por la Guardia Nacional, pero para el segundo estaban preparados para el calor y los gritos. Entendían, decían, que tener colectivos y cientos de carros atascados era molesto para los afectados, pero peor era que Yoseline no se presentaba, que tantos no se presentaban, y que todo seguía como si nada. .
Al plantón llegó el fiscal y varios secretarios de gobierno, no Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Intentaron negociar, pero el pueblo se mantuvo firme: no se irían sin la niña. Unas 24 horas después, el Gobierno anunció triunfalmente: Yoseline estaba de vuelta en su casa. Todavía vestía el uniforme escolar con el que se la llevaron. Los senadores reconocieron luego que el de Yoseline era un caso probable de trata de mujeres, era otra joven secuestrada por grupos criminales para explotación sexual, pero la salvaron a tiempo.
En México hay más de 110.000 personas desaparecidas, de las cuales 28.000 son mujeres. Los casos se acumulan en los escritorios de las autoridades que están desbordadas: las comisiones de búsqueda carecen de recursos, personal y capacidad operativa; Los fiscales están enterrados en un país donde cada día 10 mujeres son asesinadas y siete desaparecidas, el doble de estas cifras para los hombres. Ante el desbordamiento imparable de la tragedia, las autoridades se han atrincherado tras los muros de la burocracia. Para abrir grietas y acceder a la justicia, algunas familias optan por cortar las vías principales, provocando horas de retraso y caos sobre el asfalto.
El viernes pasado, cuando comenzó el puente festivo, la familia de Carolina Islas bloqueó la carretera de México a Cuernavaca. Retuvieron el tráfico durante nueve horas. Algunos conductores terminaron bajándose de sus autos para enfrentar golpes con la familia de la joven. Ese día Carolina llevaba una semana desaparecida, hoy han pasado dos. Caro -como la llaman- salió a un bar del centro histórico de la Ciudad de México, Mr. Duck, muy conocido por su ambiente de fiesta reguetonera, con su pareja Iván Guadarrama, con quien salía desde hacía dos años. “Sabemos que salieron del bar, pero de ahí no sabemos nada más”, cuenta a EL PAÍS Lucía Franco, prima de la joven.
Islas tiene 29 años, es madre de tres niños pequeños, trabaja de camarera, es tranquila, reservada y familiar. Su novio ha pasado de estar en sus registros de búsqueda como desaparecido con ella a ser su principal sospechoso. “Los buscamos a los dos, porque cuando llegamos a él, llegamos a Carolina. Creemos que lo tiene”, explica Franco. Los días previos al bloqueo no recibieron ninguna información, solo podían esperar. Intentaron hacer un par de manifestaciones en el Viaducto, pero no tuvieron eco. El viernes “fue un gran cambio”: lograron que la fiscal Ernestina Godoy los recibiera y les prometiera darles un informe diario de cómo van las investigaciones. Además, han buscado terrenos en varios puntos de Tlalpan de donde era oriunda la joven, hasta el momento sin éxito. Su familia insiste: “Queremos a Caro viva”.
Las interrupciones ocurren con frecuencia, casi a diario, algunas con más impacto en los medios que otras. A finales de junio pasó en México-Puebla que Alondra Soledad Axalco, de 18 años, se presentara en Tlahuapan, y lo hizo; en diciembre estuvo en Acapulco para localizar a la estudiante de derecho Leslie Berenice y lo hizo; en enero en la Ciudad de México para encontrar a María Ángela Olguín, de 16 años, y lo hicieron. Sin embargo, en un país de impunidad y fosas comunes, los bloqueos no siempre son sinónimo de éxito: nada se sabe aún de Alicia Ramos Juárez, desaparecida el 13 de diciembre en Acapulco; Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez fue encontrada enterrada bajo un aserradero en Tlanepantla dos semanas después de que su familia colapsara la carretera México-Querétaro.
Las familias, solas ante la desaparición forzada
En muchas ocasiones, las familias buscan solas a sus personas desaparecidas, un camino tortuoso y plagado de dificultades técnicas. Por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador legal de la organización de derechos humanos IDHEAS, explica que si una niña desaparece en el metro de la Ciudad de México y la madre trata de revisar las cámaras de seguridad, la enviarán a la Fiscalía General. la delegación correspondiente para solicitar el permiso, allí —después del traslado y la espera— te derivarán a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, y será en esta última donde podrás interponer la denuncia, pero luego tendrás que ir a la Comisión de Búsqueda para recoger la ficha de desaparición: “¿Cuántas horas han pasado sin la niña? 24? Y nadie ha comenzado a buscarla todavía. Cuando una niña, una mujer, hay que reaccionar inmediatamente”.
El experto señala que el país cuenta con “el marco legal adecuado” que establece las obligaciones del Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas: “Sin embargo, avanzamos sobre cómo debe ser y cómo es realmente”. Desde su asociación han publicado una guía sobre qué hacer en las primeras 24, 48 y 72 horas de la desaparición de una persona, porque son “cruciales”.
Después de 20 años trabajando en las desapariciones, Gutiérrez Contreras es muy crítico con la forma en que las autoridades enfrentan esta crisis: “Son ineficientes. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, por ejemplo, no tiene capacidad para buscar a nadie. Además, es absurdo, y lo hemos dicho muchas veces, que en este país la búsqueda y la investigación del caso vayan por separado. Además de las “omisiones o negligencias de las autoridades”, el experto menciona a otros actores: “La falta de solidaridad de la sociedad mexicana que no brinda imágenes de sus cámaras privadas ni de las empresas Telcel o Movistar, que es importante involucrarlos”. en el tema para que den información sobre los teléfonos de las víctimas de desaparición”.
Para concluir, Gutiérrez Contreras dibuja “una situación estructural de impunidad”, que lleva a algunos familiares de desaparecidos a protestar. “Algunas personas deciden bloquear las calles para que el Ministerio Público actúe de inmediato, y otras dejan pasar el tiempo esperando resultados, luego al ver que no hay diligencia se ponen a protestar. No nos oponemos en absoluto a que las personas realicen actos de desobediencia justificada”.
Yadira García se disculpó en junio con todos los afectados por el bloqueo de la carretera federal 150, que va de Orizaba a Tehuacán, y que quedó cortada a la altura de Nogales, donde su hija de 21 años, Paola Itatí Hernández, desaparecido “Nos ignoran, tenemos que hacer algo para que la gente dé la vuelta, tenemos que hacer este tipo de cosas porque si no, las autoridades no se dan cuenta de nada”, dijo entonces, cuando llevaba cinco años sin su hija. días, cinco días en los que no había recibido ninguna llamada de la Fiscalía, ni siquiera sabía si estaban investigando para encontrarla: “Sé que la sociedad está algo incómoda, quizás nunca ha pasado por lo que estoy pasando”. a través de.” Encontraron a Paola dos días después del bloqueo, ya sin vida.
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