La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana exilió a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándolos “apátridas”, y despojó a otros 94 opositores de su nacionalidad nicaragüense, le ha costado al régimen sandinista solo una sentencia. resonando entre los gigantes de la región. De los cinco principales poderes de América Latina, todos gobernados por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric fue el único que expresó abiertamente su repudio por lo sucedido. EL PAÍS consultó este jueves a los ministerios de Exteriores de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir un vago comunicado sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los gobiernos de Alberto Fernández, Gustavo Petro e Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.
Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los atropellos y la represión del régimen en Nicaragua y su canciller, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller lo afirmó públicamente este jueves sin medias tintas. “Cada día se trata más de una dictadura totalitaria”, sostuvo al condenar la persecución a cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No sólo se les despoja de su nacionalidad y se les decomisan sus bienes, sino que además han sido declarados prófugos de la justicia”, dijo a la prensa el Ministro de Relaciones Exteriores en el Palacio de La Moneda.
“Entre los exiliados tenemos escritoras como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Todavía hay al menos 30 presos políticos. Nos parece extremadamente grave, extremadamente grave”, enfatizó el canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y realizar las acciones correspondientes de apoyo a los perseguidos y la democratización de Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, dijo Urrejola.
El presidente Boric solicitó hace semanas la liberación de los “opositores que siguen detenidos de manera indigna” en Nicaragua, en el marco de su discurso en la cumbre de la Celac en Buenos Aires. El mismo llamado hizo en septiembre pasado, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en cualquier parte del mundo, tener ideas diferentes al gobierno de turno pueda terminar en persecución o violación de los derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen orteguista.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha intentado, consultada por EL PAÍS, hacer un balance, pero su pronunciamiento dista mucho de condenar o exigir al régimen de Ortega. “México ha dado seguimiento puntual a la situación de los nicaragüenses deportados de Nicaragua”, dijeron fuentes de la Cancillería, encabezadas por uno de los principales líderes oficialistas y candidato presidencial, Marcelo Ebrard. “De conformidad con uno de sus principios fundamentales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento al respeto y protección de los derechos humanos de este grupo de personas, incluido su derecho a la nacionalidad y a no ser privado de ella arbitrariamente, y a utilizar y goce de sus bienes y propiedades salvo que sea confiscado o restringido por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización”, continuaron las mismas fuentes.
El Gobierno de López Obrador suele escudarse en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para evitar pronunciamientos potencialmente incómodos. Las posiciones de las administraciones de Fernández, Petro o Lula da Silva suelen ser más claras. Sin embargo, en esta ocasión ni Argentina, ni Colombia, ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. En el caso de Bogotá, además, se le suman complicaciones a la relación bilateral con Managua, pues los dos países se encuentran inmersos en una disputa territorial por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Estados Unidos y España han sido los dos países que más contundentemente se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EEUU ha recibido a los 222 exiliados en su territorio y les ha garantizado protección temporal, mientras que España les ha ofrecido la nacionalidad.
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