Dispersos entre las cifras de homicidios y delincuencia en México, hay un grupo de víctimas que ahora claman por la atención de las autoridades: los transportistas. Cada año, el crimen organizado roba miles de millones de pesos en carga y, lo que es más alarmante, lo hace con una violencia cada vez mayor. Ante las muertes de conductores, el país sufre un déficit de trabajadores que ya no quieren conducir en el país y están migrando a Estados Unidos.
Las pérdidas económicas, así como el número de robos de este tipo, son difíciles de cuantificar, ya que el delito es subreportado por las víctimas. La Asociación de Transportistas Nacionales (ANTAC) estima que el robo de carga cuesta 2.300 millones de pesos (unos 137 millones de dólares) cada año, pero empresarios aseguran que el monto es mucho mayor. Según la empresa de custodia electrónica AI27, el robo anual ronda los 300 millones de dólares. En 2022 las autoridades registraron 13.199 delitos cometidos contra transportistas, lo que representó un incremento de 6,7% respecto a 2021. En lo que va de año casi se alcanzan las cifras del anterior, por lo que la previsión es que siga creciendo la holgura.
El costo humano es aún más difícil de identificar. En el mapa de cifras oficiales no están marcados los homicidios que se cometieron como parte de este crimen. Su escala es evidente si se tiene en cuenta que hay un déficit de 600.000 trabajadores en el sector que ya no quieren tomar el volante, dijo a periodistas David Estévez, presidente de la ANTAC, durante una protesta este martes frente al Senado. Aunque el principal motivo de la manifestación fue el rechazo de los transportistas a un nuevo requisito fiscal, el tema de la inseguridad se coló y tomó el centro de la escena.
En México, explicó Estévez, más de la mitad de los tráileres y camiones de carga son operados por “camioneros”, figura en la que el conductor es el dueño del vehículo y transporta mercancías por contrato, a diferencia de las empresas que emplean choferes. para operar sus flotas. Les resulta más difícil cubrir los crecientes costos de seguridad que sí pagan las grandes empresas para proteger a sus empleados y sus mercancías, como la custodia.
“Los desafíos de hoy son peligrosos… porque estamos lidiando con el crimen en las carreteras. Tenemos problemas impresionantes en varias partes del país”, dijo Estévez. El Estado de México es el estado con mayor incidencia, seguido de Puebla, Guanajuato, Veracruz y Jalisco, en ese orden. “Lamentablemente se están sumando otros estados”, agregó, como Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua “donde ya empezamos a ver mucha violencia en las carreteras”. Temerosos de perder la vida, los operadores están migrando a EEUU para trabajar, dijo Estévez.
Casi siempre ocurre así: tres o cuatro coches rodean un remolque mientras se desplaza por la carretera. Los delincuentes armados señalan al conductor del transporte de carga pidiéndole que se detenga. En algunos casos lo hacen con tiros al aire o en dirección al conductor. En ocasiones, el crimen organizado se disfraza con uniformes de autoridad para establecer retenes y obligar a los tráileres a detenerse.
Una vez rodeado, al chofer se le pide información clave como: qué carga trae, a dónde va, si tiene equipo de rastreo como GPS, si tiene custodia y cuál es el valor de la carga, explica Luis Villatoro. , director de Seguridad e Inteligencia de Overhaul, una empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministro. “Dependiendo de estas características deciden si lo llevan o no”, dice Villatoro, “luego meten al operador en la cabina o lo meten en otro vehículo donde lo privan de su libertad” y en algunas ocasiones de su vida.
Según estimaciones de Christian Rauda, director de la empresa de gestión de riesgos logísticos y custodia electrónica AI27, el volumen de agresiones ha ido en aumento en los últimos años. Rauda asegura que en 2020 se reportó un robo de carga en las carreteras cada cinco minutos. El año pasado, el promedio fue uno cada dos minutos. “Además de la volumetría, también ha ido escalando la violencia”, dice Rauda, “antes el robo era simplemente tomar la carga y dejar ir al conductor, al operario. Hoy usan la violencia simplemente porque pueden hacerlo sin consecuencias”.
Este es un delito de oportunidad, pero es de carácter económico, dice Villatoro, “el que encuentra un cargamento de leche, por ejemplo, claro que se lo va a robar porque lo van a pulverizar muy rápido en los mercados informales” como como mercadillos, mercadillos e incluso venta a través de redes sociales. El autotransporte mueve el 84% de las mercancías en México, el resto es por ferrocarril. Los remolques que transitan por el territorio nacional transportan productos forestales, agrícolas, animales y sus derivados, minerales, petroleros, inorgánicos e industriales.
Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comparte que sus asociados denuncian el hurto de mercancías como el principal delito del que son víctimas. “Este es uno de los puntos más susceptibles para el sector empresarial”, enfatizó. Las cargas más robadas son alimentos y abarrotes seguidas de materiales de construcción, autopartes, repuestos automotrices y línea blanca, según datos de Coparmex.
La situación llevó a un diputado federal por el oficialismo Morena a proponer una iniciativa que modificaría la ley que rige a la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una fiscalía especializada en este delito. El legislador por el estado de Coahuila, Francisco Borrego, también es empresario del transporte. “Me han robado algunos vehículos y la verdad mi problema es con el seguro porque es difícil que me paguen. Cuando lo hacen se demoran tres, cuatro meses y tuve que darle dinero a los ministerios públicos, para que agilicen el proceso de denuncia del hurto”.
¿Existe colusión entre autoridades estatales o locales en lugares donde se concentra la incidencia delictiva con el crimen organizado? Borrego preguntó a EL PAÍS.
“Por supuesto”, respondió Borrego, por teléfono. “Hay corrupción en los tres niveles de gobierno y hay que terminar. Necesitamos que el Gobierno Federal, en este caso el Presidente de la República, se detenga y diga basta”. La propuesta de Borrego está estancada en la Comisión de Justicia del Congreso desde el 6 de junio y el legislador presiona para que sea debatida en el pleno de septiembre.
Los empresarios se muestran escépticos ante la propuesta de Borrego. “Esa fiscalía ya ha existido de una u otra forma y con distintos nombres”, dice Rauda, de AI27. “El problema es que nunca ha tenido los recursos o, como decimos aquí en México, los dientes suficientes para tomar todas las medidas necesarias. Entonces tienes una fiscalía, si pasa y eso ya ha existido, que no tiene la facultad necesaria para atacar el tema”, dice Rauda.
Lo ideal sería que hubiera fiscales especializados para cada delito, argumenta Peñúñuri, de la Coparmex. “Que caigan en manos de peritos y autoridades periciales. Sin embargo, al crear una nueva fiscalía podríamos caer en un bache como es la falta de presupuesto, instalaciones adecuadas y capacitación, y profesionalización”, dice.
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