España ha avanzado considerablemente en la protección de los ecosistemas marinos al ser el primer país de Europa en aprobar el Tratado sobre la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, denominado como el Tratado de Alta Mar. Este pacto internacional, registrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, proporciona una estructura legal sólida para salvaguardar la biodiversidad en las aguas internacionales, que constituyen alrededor de dos tercios de los océanos del mundo.
El principal objetivo del Tratado de Alta Mar es resguardar al menos el 30% de la zona de alta mar para el año 2030, siguiendo el compromiso mundial 30×30 establecido en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Hoy en día, se protege menos del 2% de estas regiones, enfatizando la relevancia y la urgencia de este tratado.
Este tratado cubre diversos aspectos esenciales para la preservación marina:
- Reglamentación de actividades humanas en alta mar: Implanta regulaciones para administrar y supervisar actividades como la pesca, la extracción minera submarina y el tránsito marítimo, con el objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente.
- Establecimiento de áreas marinas protegidas: Facilita la creación de zonas de reserva marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo cual ayudará a la conservación de ecosistemas frágiles y especies amenazadas.
- Reparto equitativo de beneficios: Establece mecanismos para asegurar que los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos marinos se distribuyan equitativamente entre las naciones, fomentando la justicia y la cooperación internacional.
La aprobación por parte de España reafirma su dedicación a la protección del entorno marino y al multilateralismo. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, subrayó la importancia de este pacto, indicando que “hoy nuestro país reafirma su compromiso con la agenda ambiental, el multilateralismo y un proyecto global que impulsa la prosperidad de todos mediante la protección de los bienes públicos globales”.
- Regulación de actividades humanas en alta mar: Establece normas para gestionar y supervisar actividades como la pesca, la minería submarina y el transporte marítimo, con el fin de minimizar su impacto ambiental.
- Creación de áreas marinas protegidas: Facilita la designación de reservas marinas en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que contribuirá a la preservación de ecosistemas vulnerables y especies en peligro.
- Distribución equitativa de beneficios: Implementa mecanismos para asegurar que los beneficios derivados de la explotación de recursos genéticos marinos se compartan de manera justa entre las naciones, promoviendo la equidad y la cooperación internacional.
La ratificación por parte de España refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente marino y el multilateralismo. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, destacó la relevancia de este acuerdo, señalando que “hoy nuestro país reafirma su compromiso con la agenda ambiental, el multilateralismo y un proyecto global que promueve la prosperidad de todos a través de la protección de los bienes públicos globales”.
Para que el tratado entre en vigor, es necesaria la ratificación de al menos 60 países. Hasta la fecha, 16 naciones, incluyendo España, han completado este proceso. Chile fue el primer país en ratificar el tratado en febrero de 2024. Una vez alcanzado el umbral de 60 ratificaciones, el tratado entrará en vigor 120 días después.
El Tratado de Alta Mar representa un avance regulatorio en los aspectos ambientales contemplados en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Su puesta en marcha es fundamental para enfrentar problemas como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, que ponen en riesgo la salud de los océanos y, por ende, la biodiversidad y las comunidades humanas que dependen de estos recursos.
El Tratado de Alta Mar es un desarrollo normativo de los aspectos medioambientales previstos en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Su implementación es crucial para abordar desafíos como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, que amenazan la salud de los océanos y, por ende, la biodiversidad y las comunidades humanas que dependen de ellos.
España ya ha demostrado su compromiso con la conservación marina a nivel nacional, con un 21% de su superficie marina bajo protección. El objetivo del gobierno es aumentar esta cifra al 25% en el presente año y alcanzar el 30% para 2030, en consonancia con las metas establecidas en el tratado.
La ratificación del Tratado de Alta Mar por parte de España no solo refuerza su liderazgo en la protección ambiental, sino que también envía una señal clara a la comunidad internacional sobre la importancia de la cooperación y el compromiso colectivo para salvaguardar los océanos, que son fundamentales para la vida en la Tierra.
Se espera que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, programada para junio en Niza, Francia, sea un punto de inflexión, donde más países se sumen a la ratificación del tratado. La vicepresidenta Aagesen expresó su confianza en que “Niza va a ser para la protección del océano lo que ha sido París para la lucha contra el cambio climático”, subrayando la necesidad de que más naciones se unan a este esfuerzo global.
