Un juez federal impide que la UNAM resuelva el caso del presunto plagio de Yasmín Esquivel

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no podrá resolver el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Así lo ha decretado la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga, quien ha concedido a Esquivel la suspensión definitiva mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la ministra. Esta medida cautelar impide que la UNAM aclare —por el momento— qué pasó con la obra que presentó Esquivel en 1987 y que era la misma que publicó un año antes el estudiante Edgar Ulises Báez. La universidad aún tiene la posibilidad de apelar la decisión ante un tribunal colegiado, que tendrá la última palabra.

La UNAM ha señalado que cumplirá con la orden del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, pero que lamenta “la determinación judicial porque demora indefinidamente que el Comité de Ética Universitaria emita el dictamen correspondiente sobre una apropiación indebida”. de textos.”El Comité ha desarrollado su trabajo respetando todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo”, defiende la casa de estudios en un comunicado. Además, la universidad asegura que “hará uso de todos medios legales para poder cumplir su función constitucional”.

El 13 de febrero, uno de los representantes legales del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso una demanda contra la UNAM por presuntamente haber violado su “derecho al honor, a una adecuada defensa, al debido proceso, certeza y legalidad”, según el documento presentado. La demanda es contra cinco autoridades: el rector Enrique Graue, el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, el Comité de Integridad Académica y Científica, el presidente del Comité de Ética Universitaria y el propio Comité de Ética.

En el escrito, el juez reclama la primera opinión técnica emitida por el Comité de Integridad Académica y Científica, que certificó que el trabajo de Esquivel era “una copia sustancial” del presentado en 1986 por Báez; también se reclama el auto de revisión del “asunto de la tesis copiada”, emitido por Graue el 20 de enero, y el oficio en el que se solicita la intervención del Comité de Ética de la Universidad, y los oficios que el mismo comité de ética envió a Esquivel para participar en el proceso de investigación.

El abogado de Esquivel también apunta directamente contra el rector por haber calificado el hecho de plagio, “sin fundamento ni pruebas que acreditaran tal fin, ni existió un procedimiento en el que se garantizara el derecho de defensa de mi mandante, y sólo avalado por el Técnico”. Dictamen elaborado por el Comité de Integridad Académica”: “Ha causado a mi director un grave daño moral y una afectación significativa en su derecho al honor”.

Ante estas supuestas violaciones, Esquivel pidió a los responsables que se abstengan de emitir una resolución “hasta que se decida si su actuación ha sido o no conforme al mandato constitucional”. Esta suspensión, que fue concedida provisionalmente por el juez el 15 de febrero y definitivamente este martes, permite que la investigación continúe, pero impide que se conozcan sus resultados hasta que se resuelva el juicio de amparo.

“Se concede la suspensión definitiva por las causales señaladas en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese”, se lee recién este miércoles en la página del Poder Judicial de la Federación. Sí conocemos los argumentos del juez para otorgar la suspensión provisional el pasado 15 de febrero: “La suspensión provisional solicitada por la querellante se concede para el efecto de que, si efectivamente está sujeta a algún procedimiento administrativo (sea cual fuere su naturaleza), no en él se dicte resolución; es decir, que la autoridad responsable continúe con dicho procedimiento, pero se abstenga de dictar la resolución final, hasta que se resuelva el presente incidente, en tanto no se haya dictado dicha determinación.”

En su primera suspensión provisional, el juez Zúñiga concedió a Esquivel otra medida: que la UNAM y sus funcionarios no pudieran emitir ningún comentario público respecto de la misma realizada por el Comité de Ética de la universidad, lo que consideró una “mordaza” a la libertad de expresión.

La universidad impugnó los efectos de dicha suspensión provisional en un tribunal federal. El 23 de febrero, los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, fallaron parcialmente a favor de la UNAM, al revocar la mordaza que la jueza Zúñiga había impuesto a la universidad el caso esquivel. Sin embargo, el tribunal federal sí confirmó el otro efecto de la suspensión, es decir, que el Comité de Ética de la universidad no emitió una resolución contundente en su investigación por plagio. Ese es el efecto que dejó firme hoy la jueza Zúñiga y que la UNAM podrá apelar nuevamente ante un tribunal federal.

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